Con sonrisas dibujadas en sus rostros y cuadernos nuevos entre las manos, 100 niños, niñas y adolescentes indígenas del Cabildo Dotuma y el Resguardo Unificado Chamí en Mistrató, Risaralda, recibieron kits escolares entregados por la Unidad para las Víctimas como parte de una estrategia de prevención del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
La jornada, liderada por la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE), se desarrolló en la vereda Canchivares, a más de 50 kilómetros del casco urbano de Mistrató, en una zona montañosa donde la comunidad indígena ha resistido históricamente el intento de control territorial por parte del Clan del Golfo.
Estos kits, compuestos por útiles escolares esenciales como cuadernos, lápices, lapiceros y maletines, hacen parte de los compromisos establecidos con las comunidades indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y buscan fortalecer los procesos de educación étnica en una región donde el acceso a recursos básicos continúa siendo un reto diario.
“Tenemos el reto y el compromiso de atender las necesidades de las poblaciones indígenas que han sido víctimas del conflicto. Recibimos alertas sobre la presencia de grupos ilegales en el territorio y posible reclutamiento forzado. La prevención de riesgos la estamos haciendo a través de la atención prioritaria”, afirmó Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad en el Eje Cafetero.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue protagonizado por Luz Nelly, una niña de 11 años, quien con entusiasmo organizó a sus compañeros para recibir los kits. Durante meses, Luz había tenido que usar hojas sueltas regaladas por sus maestros ante la falta de materiales escolares. “Ahora podré escribir en mi cuaderno como todos mis compañeros”, comentó emocionada.
Además de la entrega de kits, la actividad incluyó sensibilización sobre los riesgos del reclutamiento forzado, orientaciones a la comunidad sobre prevención de emergencias y atención prioritaria a niños, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades y con discapacidad.
El gobernador indígena será el encargado de hacer llegar los kits restantes a otros menores de edad en cabildos cercanos, asegurando que esta ayuda llegue de manera equitativa y respetuosa de la organización comunitaria.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Estado con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, particularmente a las comunidades étnicas que históricamente han sido vulnerables a la violencia y al abandono institucional. La educación, en este contexto, se convierte en una herramienta de dignificación y resistencia cultural.
Con este paso, la Unidad para las Víctimas avanza en su misión de consolidar una política efectiva de reconocimiento, reparación y justicia para los pueblos indígenas, contribuyendo a la construcción de paz desde los territorios.
