La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y de Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de la investigación disciplinaria por la presunta infiltración de la disidencia de ‘Calarcá’ en estructuras del Ejército y de los organismos de inteligencia del Estado.
La medida se conoció en la mañana de este jueves y busca, según el Ministerio Público, garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier interferencia por parte de los funcionarios vinculados al escándalo. De acuerdo con la información preliminar, ambos habrían tenido participación en hechos que facilitaron el acceso de integrantes de ese grupo disidente a estructuras sensibles del Estado.
La decisión fue confirmada por el procurador general Gregorio Eljach en una entrevista con Noticias Caracol, en la que explicó que la suspensión se toma tras la obtención de nuevas pruebas claves para el expediente.
“Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato (…). No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante”, precisó el jefe del Ministerio Público.
¿Por qué se decreta la suspensión?
Eljach explicó que la suspensión provisional tiene un objetivo central: impedir que los investigados puedan influir en el desarrollo del proceso, obstaculizar la búsqueda de la verdad o repetir la conducta que se les atribuye mientras ocupan sus cargos.
“La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que, estando en el cargo, vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse”, señaló el procurador, enfatizando que la medida es preventiva y no constituye, por ahora, una sanción definitiva.
En ese sentido, Huertas y Mejía quedan separados de sus funciones públicas mientras avanza la investigación disciplinaria. En el curso del proceso se determinará si hay lugar a formular cargos, mantener o levantar la medida y, eventualmente, imponer sanciones o archivar el caso.
Funcionarios en el centro del escándalo
La selección de los suspendidos no es aleatoria. Según Eljach, ambos aparecen como presuntos responsables de la conducta denunciada en medios de comunicación y que ha generado una fuerte preocupación pública por la seguridad de la información y la integridad de las instituciones.
“Ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la conducta que se denunció ampliamente en medios y que Colombia ya conoce”, afirmó el procurador, dejando claro que, por ahora, la acción disciplinaria se concentra en quienes están directamente relacionados con los hechos.
El jefe del Ministerio Público insistió en que el caso se tramitará con estricto apego a la ley y sin privilegios:
“La aplicación de la ley no tiene que tener contemplaciones. Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor, pero con rigor”.
Una investigación en curso y un mensaje político
El procurador también recordó que se trata de una suspensión provisional, mientras se siguen practicando pruebas y se evalúan nuevos elementos que permitan calificar la conducta y determinar si hubo faltas disciplinarias. El resultado del proceso, advirtió, puede derivar en sanciones o en la exoneración de los implicados, dependiendo de lo que se logre probar.
La decisión se anunció desde Popayán, ciudad a la que Eljach viajó para participar en un homenaje en su tierra natal. Desde allí, el funcionario aprovechó para referirse a la situación crítica del departamento del Cauca, donde persisten problemáticas como la violencia armada asociada al narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de menores, pese a que el Gobierno adelanta diálogos con distintos grupos armados en busca de acuerdos de paz.
El caso de la presunta infiltración de la disidencia de ‘Calarcá’ en la institucionalidad se suma al complejo panorama de seguridad que enfrenta el país y abre interrogantes sobre los controles internos en el sector defensa y en los organismos de inteligencia. Por ahora, la Procuraduría envía un mensaje de control y vigilancia: los altos mandos tampoco están por encima del escrutinio disciplinario.
