La Alcaldía de Tuluá anunció un paquete de medidas extraordinarias de seguridad y movilidad que regirán entre el viernes 15 de noviembre a las 8:00 p. m. y el martes 21 de noviembre a las 7:00 a. m., luego del aval de la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Las decisiones se adoptaron durante un Consejo de Seguridad Ordinario en coordinación con autoridades locales.
Entre las restricciones más relevantes se encuentra la prohibición de venta de combustibles en recipientes como pimpinas, botellas o galones, así como la restricción de suministro de gasolina a motocicletas durante la noche, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. También quedó prohibida la circulación de vehículos de carga, el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos.
La administración municipal señaló que estas medidas buscan prevenir alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, en un contexto de alta tensión por la situación judicial del señalado líder criminal.
Cierres viales nocturnos y perímetros controlados
El decreto establece restricciones en zonas estratégicas como el perímetro del Centro Administrativo Municipal (CAM), especialmente las carreras 25 y 24 con calle 24, así como los alrededores de la Estación de Policía y el CAI de Aguaclara.
Otros cierres se aplicarán cerca del Centro Penitenciario y en la Transversal 12, adaptándose a los horarios establecidos para fortalecer los controles de seguridad.
La Alcaldía exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y cumplir rigurosamente las disposiciones, con el fin de garantizar un entorno seguro durante este periodo crítico.
El trasfondo: aval de extradición para alias ‘Pipe Tuluá’
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Marín Silva hacia Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal de Texas por cargos relacionados con narcotráfico.
Según los documentos presentados por autoridades estadounidenses, el señalado cabecilla actuaba como “director ejecutivo” de la organización criminal La Inmaculada, coordinando operaciones de transporte y distribución de cocaína a través de rutas que pasaban por Panamá y México. Un agente encubierto identificado como Wenceslao Sosa aseguró en testimonio jurado que Marín Silva era responsable de implementar los objetivos de la estructura, entre ellos el envío de cargamentos de droga a territorio norteamericano.
La Corte aclaró que su rol como posible gestor de paz o sus acercamientos al Gobierno no generan inmunidad frente al proceso de extradición, y descartó cualquier tratamiento especial como el otorgado a exmiembros de las Farc.
Pese a estar recluido desde 2015, las autoridades han documentado su capacidad de mando desde prisión. En Colombia, Pipe Tuluá ya fue condenado a 30 años de prisión por homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión y concierto para delinquir. Además, enfrenta señalamientos por 46 homicidios, terrorismo, amenazas y porte ilegal de armas, con órdenes de captura vigentes emitidas por Interpol.
Antecedentes de violencia que prenden las alarmas en la ciudad
La extradición de Marín Silva revive episodios recientes de violencia. El pasado 4 de junio, tras ser trasladado desde La Picota a una estación policial en Bogotá para trámites del proceso, Tuluá vivió disturbios con vehículos incendiados, ataques armados y amenazas que derivaron en un toque de queda. Situaciones similares se registraron durante las elecciones regionales de 2023, cuando La Inmaculada habría estado detrás de asesinatos y ataques contra periodistas, candidatos, funcionarios e integrantes del Inpec para presionar negociaciones con el Estado.
Aunque Pipe Tuluá pidió a sus subordinados evitar retaliaciones y actos que alteren el orden público, las autoridades mantienen elevado el nivel de alerta mientras se formaliza la resolución de extradición, que ahora está en manos del presidente Gustavo Petro.
