El presidente Gustavo Petro ha propuesto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un nuevo ‘fast track’ para acelerar la implementación de los acuerdos de paz con las extintas FARC. Esta iniciativa, presentada durante la sesión trimestral de seguimiento del proceso de paz, busca revitalizar y acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana en 2016, generando una ola de reacciones en el ámbito político colombiano.
En su intervención, Petro destacó la necesidad de este mecanismo legislativo, utilizado previamente en 2016 para adaptar el orden normativo colombiano al acuerdo de paz. “Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, afirmó el presidente.
El ministro de Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, expresó su respaldo a la propuesta de Petro, destacando el apoyo unánime recibido ante la ONU. “Apoyo unánime a la política de paz total del presidente @petrogustavo quien planteó hoy, en el Consejo de seguridad de la @ONU_es, un fast track para acelerar normas que permitan transformar el territorio, hacer la reforma agraria y establecer una verdad judicial completa”, afirmó Correa.
Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes y exguerrillera de las FARC, también apoyó la iniciativa, subrayando la importancia de la paz. “Dos cosas importantes: 1. Ante la @ONU_es el Presidente @petrogustavo invita a la oposición, que tanto se ha opuesto a la paz, a un Acuerdo Nacional para trabajar justamente por la paz. 2. Propone un Fast Track para tramitar rápidamente las reformas más urgentes que necesita el país. La paz tiene que ser una realidad, la guerra nunca debe ser una opción”, declaró Ramírez.
David Flórez Ballesteros, defensor de la propuesta, destacó los beneficios de un acuerdo nacional para avanzar rápidamente con las normas pendientes del acuerdo de paz, enfatizando la necesidad de un mecanismo rápido para asegurar su cumplimiento.
Sin embargo, la propuesta de Petro no ha estado exenta de críticas. Enrique Gómez, excandidato presidencial y director del Movimiento de Salvación Nacional, cuestionó duramente al presidente, sugiriendo que el fast track beneficiaría a grupos “narcocriminales” como el ELN. En sus redes sociales, Gómez señaló: “Mientras fabrican un Fast Track 2.0 y lo anuncian en la ONU con total descaro, con el objetivo de favorecer narcocriminales como el ELN, las Farc arremeten contra el Ejército impunemente”.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también expresó su preocupación, sugiriendo que la propuesta estaba vinculada a una potencial Asamblea Nacional Constituyente. “El presidente Gustavo Petro anuncia un Fast Track para implementar sus reformas. Todos atentos. En el pasado modificaron la constitución de forma rápida con esa figura. Para eso trajeron a Juan Fernando Cristo. Muy peligroso esto”, advirtió Briceño.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, acusó a Petro de intentar cambiar la Constitución de 1991 para beneficiar a los exguerrilleros. “No Petro, no sueñe que aprobaremos en el Congreso un ‘Fast track’ con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo con menos debates en beneficio de las FARC que nunca cumplieron con el acuerdo de La Habana. Ya no más abusos al Estado de derecho y la Constitución”, declaró Cabal.
El senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, cuestionó la necesidad del fast track, sugiriendo que Petro debería centrarse en los problemas internos del país. “En el Cauca no necesitan un fast track sino un presidente con carácter y pantalones cuidando a la gente”, afirmó Uribe Turbay.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, argumentó que la propuesta de Petro es perjudicial para la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. Restrepo explicó que modificar las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo generaría incertidumbre entre los inversionistas y podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas y el crecimiento económico. “El camino de ‘fast tracks’ ilegales e inconstitucionales no es una buena señal económica y en este caso genera inseguridad jurídica”, dijo Restrepo.
