La reciente decisión del Gobierno de cancelar una convocatoria de ayudas por valor de 31 millones de euros para la investigación en inteligencia artificial (IA) ha generado una ola de críticas y acciones de protesta por parte de la comunidad académica y científica. Organizaciones como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), junto con al menos 125 académicos afectados, han denunciado la “inseguridad jurídica” y el impacto negativo de esta medida en un sector crucial para el desarrollo tecnológico de España.
Un giro inesperado en plenas fiestas navideñas
En julio de 2023, el Ministerio de Ciencia anunció una convocatoria histórica destinada a promover la investigación en IA, un campo estratégico de rápido crecimiento global. Sin embargo, tras meses de retraso, la comunidad académica recibió la noticia de la cancelación de estas ayudas durante las festividades navideñas, sin previo aviso ni explicaciones claras. La medida fue comunicada como resultado de unas supuestas “circunstancias sobrevenidas” que no han sido detalladas, lo que ha despertado una fuerte indignación entre los investigadores afectados.
Eva Alcón, presidenta de la CRUE, expresó en una carta dirigida al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, su preocupación por las consecuencias de esta decisión. “La cancelación de estas ayudas impide la realización de proyectos del máximo interés en un ámbito que el propio ministerio considera prioritario”, afirmó Alcón, solicitando al Gobierno que reconsidere su postura y restituya las ayudas prometidas.
Críticas contundentes de los investigadores
Los académicos afectados han sido aún más vehementes en sus críticas, calificando la medida como “inaceptable, indigna e irresponsable” en una carta dirigida a Cruz y a los ministros de Ciencia, Diana Morant, y de Transformación Digital, Óscar López. Los investigadores han señalado que la referencia del Gobierno a la dana valenciana como justificación para la cancelación es especialmente ofensiva y carente de fundamento. “Los terribles acontecimientos de la dana a los que usted sin ningún pudor apela llegaron muchos meses después, en octubre de 2024. Mezclar ambas cosas es especialmente desagradable”, señalaron.
La falta de explicaciones detalladas no solo afecta la credibilidad del Gobierno, sino que también podría tener implicaciones legales. Según los investigadores, “no es sencillo a nivel jurídico eliminar como se ha hecho una convocatoria ya en vías de ser resuelta”. Argumentan que la discrecionalidad administrativa no puede encubrir decisiones arbitrarias y que, en estos casos, es necesario ofrecer razones claras y fundamentadas.
Un impacto devastador en la investigación y el empleo
La cancelación de esta convocatoria tiene implicaciones más allá del ámbito académico. Las ayudas habrían facilitado la contratación de cientos de investigadores postdoctorales, muchos de los cuales ahora enfrentan un futuro incierto. “Las propuestas ahora desestimadas comportaban la contratación de centenares de investigadores, en su mayoría postdoctorales, que ven así frustrada su progresión académica e investigadora”, advirtió la CRUE en su comunicado.
Además, la interrupción de estos fondos supone un golpe significativo para la investigación en IA en España. La comunidad científica advierte que cualquier nueva convocatoria necesitará al menos nueve meses para su tramitación y resolución, lo que resultará en un retraso acumulado de más de dos años. “Este parón enorme en un sector tan dinámico como el de la inteligencia artificial puede tener consecuencias irreversibles en términos de competitividad e innovación”, añadieron los rectores.
Reclamos de transparencia y acción inmediata
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha exigido al Gobierno una “explicación detallada y transparente sobre los motivos de la cancelación de la convocatoria y los responsables de los retrasos”. Además, han solicitado la restitución inmediata de las ayudas como medida para evitar un daño mayor al ecosistema científico y tecnológico del país.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia ha intentado calmar las aguas prometiendo una nueva convocatoria en 2025 a través de la Agencia Española de Investigación (AEI). Sin embargo, esta promesa ha sido recibida con escepticismo debido a la falta de detalles sobre su alcance, plazos y requisitos. La propuesta original incentivaba la colaboración interdisciplinaria entre investigadores de IA y expertos de otros campos, un enfoque innovador cuya continuidad no está garantizada en la nueva convocatoria.
Un precedente peligroso para la ciencia en España
Los rectores han advertido que esta decisión establece un “precedente de inseguridad jurídica” que podría socavar la confianza en la gestión de fondos públicos para la investigación. También subrayaron que decisiones de este tipo envían un mensaje negativo a la comunidad científica internacional, poniendo en duda el compromiso de España con el desarrollo tecnológico y la innovación.
En un contexto global en el que la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar estratégico para la competitividad de las naciones, los investigadores españoles temen quedar rezagados. Citando el informe Draghi sobre competitividad europea, los rectores recordaron que la IA es clave para reducir la dependencia tecnológica de potencias extranjeras y garantizar la soberanía digital de Europa.
