La Contraloría General de la República ha emitido un fallo de responsabilidad fiscal contra los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos, quienes deberán pagar al Estado $87.027 millones. La causa: graves irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020, cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en zonas rurales de Colombia. El fallo deja en evidencia la ineficiencia e ineficacia en la gestión del proyecto, que prometía llevar internet gratuito a comunidades apartadas de 16 departamentos del país, pero quedó incompleto debido al incumplimiento de entrega de los equipos necesarios.
Según la Contraloría, la administración de los recursos asignados al contrato fue negligente y llena de fallas. Los contratistas no cumplieron con los plazos establecidos, lo que derivó en la terminación anticipada del contrato y en la necesidad de devolver los recursos adelantados. Además, el consorcio presentó una garantía bancaria falsa, hecho clave que permitió la ejecución del contrato y el desembolso de $70.000 millones en anticipos.
Los problemas no se limitaron al contratista. La firma interventora también fue declarada responsable por aprobar pagos sin verificar adecuadamente los documentos de soporte. En lugar de solicitar reuniones extraordinarias del comité fiduciario para frenar los desembolsos ante el evidente retraso en la entrega de equipos, los interventores fallaron en su labor de control.
El proyecto de Centros Digitales fue concebido como una iniciativa clave del gobierno para llevar conectividad a las zonas más remotas, mejorando el acceso a la educación y a oportunidades económicas en estas áreas. Sin embargo, las irregularidades y el mal manejo de los recursos resultaron en un incumplimiento masivo que afectó a miles de familias y comunidades que esperaban beneficiarse del acceso a internet.
Este fallo deja claro que la responsabilidad recae no solo en los contratistas, sino también en la empresa proveedora de equipos, cuyo representante legal, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, fue declarado responsable por no cumplir con la entrega de los equipos necesarios. Así mismo, se señaló la responsabilidad del consorcio interventor PE2020 C Digitales, por omitir su deber de fiscalización.
A pesar de las graves irregularidades encontradas, algunos funcionarios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fueron exonerados de responsabilidad fiscal. Entre ellos, Adriana Meza, representante legal del FUNTIC, quien solo fue informada de los incumplimientos del contrato a mediados de 2021, cuando ya no podía intervenir de manera efectiva. También se exoneró a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, al probarse que fue inducida en error por el consorcio.
El fallo no solo resalta la mala gestión fiscal, sino que también pone en el foco la necesidad de reformar los controles internos de los contratos públicos en Colombia para evitar que casos como este se repitan. Con la sanción de $87.027 millones, la Contraloría busca recuperar los recursos del Estado y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del incumplimiento en proyectos que son fundamentales para el desarrollo del país.
