Con bombos y platillos se anunció la aprobación en el Senado de la ley contra el ruido. Sin embargo, entre los ciudadanos persiste el escepticismo sobre su impacto real. “Ni la policía, ni las autoridades ambientales o de salud hacen algo. Pensar que una ley cambiará esto, es casi que ingenuo”, expresaron algunos ciudadanos consultados, reflejando una preocupante desconexión entre la teoría ly la práctica cotidiana. En otras palabras, “el papel aguanta todo”.
La nueva normativa otorga más facultades a la policía para multar a quienes generen ruidos excesivos. Además, contempla que las autoridades nacionales y regionales cuenten con herramientas más efectivas para regular el ruido proveniente de sitios privados. Incluye también un capítulo sobre estrategias pedagógicas y culturales orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto del ruido. Hasta aquí, la propuesta parece bien encaminada. No obstante, su implementación enfrenta retos estructurales que podrían diluir su eficacia.
Uno de los aspectos más complejos de la ley es que los municipios con más de 100.000 habitantes tienen un plazo de 18 meses para desarrollar un plan de gestión contra el ruido. Este plan incluirá un diagnóstico adaptado a las especificidades de cada región, dado que lo que se considera “ruido” varía culturalmente. Por ejemplo, en la región Caribe, donde los bafles gigantes son parte de la vida cotidiana, los límites de tolerancia pueden diferir de los que se aplican en otras zonas del país.
Esta disparidad cultural pone en evidencia uno de los principales vacíos de la normativa: la falta de una definición uniforme y objetiva del ruido. Si cada región ajusta los parámetros según su percepción, ¿cómo garantizar un estándar nacional que realmente reduzca el impacto del ruido?
Por otra parte, la efectividad de esta ley dependerá, en gran medida, de una cultura ciudadana y ahí, aún falta mucho camino por recorrer.
Cambio cultural
“Aunque la legislación introduce mecanismos educativos, el cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana. En un país donde las infracciones al código de policía son comunes y la falta de respeto por las normas es generalizada, confiar en que una nueva ley revertirá años de indiferencia es, como mínimo, optimista”. Sicóloga María Alejandra Ortiz.
