Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Nacional luego de que la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago, denunciara presuntas injerencias en su gestión por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Los señalamientos, que inicialmente fueron revelados por Buitrago en su carta de renuncia y confirmados en una entrevista en televisión nacional, derivaron en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias.
La denuncia fue presentada por la abogada penalista Estefanía Orozco Torres, quien solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo la activación inmediata de actos urgentes de investigación, argumentando que la información proviene directamente de una ministra en funciones y que el riesgo de continuidad de la presunta conducta delictiva justifica una reacción célere.
“Solicito que se active el procedimiento de actos urgentes de investigación, no solo por el riesgo de continuidad de la actividad delictiva, sino porque la noticia criminal proviene nada menos que de la actual ministra de Justicia”, escribió Orozco en su misiva a la Fiscalía.
Según el artículo 411 del Código Penal Colombiano, el tráfico de influencias ocurre cuando un servidor público “utiliza indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio”. La pena puede ir de 64 a 144 meses de prisión, con multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Señalamientos de la ministra Buitrago
El jueves 15 de mayo, Buitrago presentó su renuncia irrevocable ante el presidente Gustavo Petro, señalando “intentos de injerencia” por parte de Benedetti y Rodríguez en decisiones claves del Ministerio. En entrevista con Noticias Caracol, explicó que durante un viaje a Washington, la Presidencia designó como ministro encargado a un funcionario distinto al que ella había previsto, pese a sus funciones como titular de la cartera.
“Yo recibí las llamadas de ellos, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y desaparecen de la pantalla. Lo estaban haciendo particularmente en Washington”, denunció Buitrago, agregando que la presión para remover funcionarios técnicos y altamente capacitados fue una constante en sus últimas semanas en el cargo.
Entre los casos que mencionó está la salida de la entonces directora de la Uspec, a quien calificó como conocedora del sector, y cuya gestión fue avalada por la Contraloría y la Procuraduría. También indicó que hubo intentos por reemplazar al director de drogas del Ministerio con candidatos que, según ella, no cumplían los perfiles requeridos.
La ministra afirmó que ya ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, y que cuenta con documentación que respalda sus declaraciones.
Petro responde: “Yo pedí la renuncia”
Desde Roma, el presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos de Buitrago, desestimando las acusaciones. “Me parece que no son ciertos. La razón fundamental por la que se va es porque yo pedí su renuncia”, dijo el mandatario. Petro agregó que en la Presidencia llegan solicitudes de puestos “por carta, por correo y hasta usando a la señora de los tintos”, en una aparente alusión al clima de presión política en el entorno gubernamental.
El ministro delegatario, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó la renuncia de Buitrago, y el secretario jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo, fue designado como reemplazo provisional mientras se define el nuevo titular de la cartera de Justicia.
Investigación en curso
La Fiscalía aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la apertura formal de una investigación. Sin embargo, el hecho de que la denuncia provenga de una ministra en ejercicio y que involucre a figuras del más alto nivel del Gobierno genera gran expectativa sobre el curso que tomará el caso.
Este nuevo episodio alimenta el debate sobre la independencia en el manejo de las carteras ministeriales y las presiones políticas dentro del Ejecutivo, en un momento en que el Gobierno busca consolidar reformas clave en medio de una creciente tensión institucional.
