La Defensoría del Pueblo documenta 89 asesinatos de líderes sociales y 34 masacres en Colombia durante el primer semestre de 2025. El organismo pide garantías reales para proteger a quienes defienden la paz y los derechos humanos.
La violencia contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos no da tregua en Colombia. Risaralda se suma a la lista de departamentos golpeados por este flagelo tras registrarse el asesinato de un líder social y una masacre en los últimos días, en medio de un panorama nacional que genera profunda preocupación.
Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2025 se han documentado 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 25 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz y 34 masacres con un saldo de 116 víctimas fatales en todo el país.
Desde la implementación del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 30 de junio de 2025, el organismo ha registrado 1.577 asesinatos de líderes y lideresas sociales, reflejando la persistencia de dinámicas de violencia en los territorios.
Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayoría de estos crímenes, asociados a disputas por economías ilegales, control territorial y diversos intereses políticos y criminales que afectan directamente a las comunidades.
La Defensoría del Pueblo reiteró que cada vida arrebatada representa una amenaza a la democracia y a la construcción de paz en Colombia, por lo que exigió al Estado colombiano implementar “garantías reales y efectivas” para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz.
Asimismo, la institución anunció que continuará monitoreando la situación a través de sus alertas tempranas, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas integrales de protección, prevención y garantía de no repetición.
“El asesinato de líderes sociales no puede ser una cifra más. Cada muerte es una herida profunda a la paz y a la democracia”, indicó la Defensoría, subrayando la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para frenar esta espiral de violencia.
