En un esfuerzo por replantear el enfoque global sobre la lucha contra las drogas, el gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la hoja de coca sea excluida de la lista de sustancias más dañinas. La propuesta fue presentada por la canciller Laura Sarabia ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, donde argumentó que la clasificación actual de la planta carece de fundamentos científicos y prácticos.
Crítica a la política global contra las drogas
Durante su discurso, Sarabia destacó los efectos negativos que ha generado la guerra contra las drogas a nivel mundial y en Colombia en particular. Según la canciller, a pesar de los enormes recursos invertidos en la lucha contra el narcotráfico, los resultados han sido insatisfactorios. “Colombia ha cumplido a cabalidad en el régimen global de drogas. A pesar de ello y de los miles de millones invertidos, esto no ha logrado disminuir el consumo, la producción y el tráfico de drogas. El modelo actual no arroja los resultados esperados”, afirmó.
Asimismo, Sarabia subrayó las graves consecuencias que ha traído el narcotráfico para el país, incluyendo el financiamiento de grupos armados ilegales, la deforestación de miles de hectáreas y la destrucción del tejido social en muchas comunidades.
Dos propuestas clave
La canciller presentó dos iniciativas concretas en la Comisión de Estupefacientes. La primera es la eliminación de la hoja de coca de la lista de sustancias nocivas, insistiendo en que la planta en sí misma no es perjudicial para la salud y que su potencial podría aprovecharse en industrias como la alimentaria y la farmacéutica. “Solo podremos arrancar la mata si usamos su potencial en aplicaciones industriales como fertilizantes y bebidas. Nuestro pedido está previsto por el marco legal vigente y confiamos en el estudio científico. Excluir la hoja de coca no implica dejar de erradicar”, enfatizó.
Además, destacó que desde el inicio del gobierno Petro se han intensificado las operaciones de interdicción, con la incautación de 1,9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína y 215 mil kilogramos de base de coca, así como la destrucción de 454 laboratorios ilegales.
La segunda propuesta busca implementar alternativas económicas para las comunidades afectadas por la lucha contra las drogas. La canciller resaltó la necesidad de financiar proyectos productivos sostenibles en las regiones cocaleras y criticó la falta de llegada de recursos a quienes realmente los necesitan. “La financiación no está llegando donde se necesita. Colombia ha aportado 416 millones de dólares a UNODC, el 11 % del total de las contribuciones extrapresupuestales, siendo el país que más recursos destina después de Estados Unidos”, señaló.
Finalmente, aseguró que el gobierno revisará los contratos de cooperación con la ONU para garantizar que los fondos sean ejecutados de manera transparente y eficiente. Esta postura se alinea con lo expuesto anteriormente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en Popayán reafirmó que no habrá erradicación forzada de cultivos de coca, sino un impulso al programa de erradicación voluntaria.
Con esta iniciativa, el gobierno de Gustavo Petro busca modificar la percepción internacional sobre la hoja de coca y promover un enfoque más efectivo y humano en la lucha contra el narcotráfico, basado en el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas.
