La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes las condenas contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su participación en el escándalo de las “chuzadas” ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a opositores del Gobierno, ocurridas entre 2007 y 2008.
Hurtado, quien ya había sido condenada en 2015 a 14 años de prisión, y Moreno, sentenciado a 8 años, fueron hallados culpables de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
Según el alto tribunal, ambos exfuncionarios hicieron parte de una estrategia ilegal impulsada desde el Ejecutivo para interceptar comunicaciones de manera clandestina, espiar a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y políticos de oposición durante el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La operación, que incluyó seguimientos, interceptaciones telefónicas y recopilación ilegal de información, fue ejecutada por personal del DAS bajo órdenes directas y con conocimiento de los altos funcionarios implicados.
La confirmación de estas condenas se produce en un momento en que el país sigue lidiando con las consecuencias políticas e institucionales de estos hechos. En el caso de Bernardo Moreno, esta no es su única sentencia: también fue hallado culpable en el proceso por la llamada “Yidispolítica”, en el que se comprobó la compra de votos en el Congreso para la reelección presidencial de Uribe.
Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su postura frente a la defensa de la legalidad y la independencia judicial, en un caso que ha sido emblemático por su impacto en la institucionalidad colombiana y por la participación directa de altos funcionarios del Gobierno en prácticas que socavaron el Estado de derecho.
La defensa de los condenados aún puede intentar recursos extraordinarios ante instancias internacionales, pero en el ámbito nacional, la sentencia ya ha quedado en firme.
Este caso representa uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de los organismos de inteligencia en Colombia y refuerza la necesidad de controles democráticos efectivos sobre las agencias del Estado.
