La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no emitirá circular roja contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, tal como había solicitado la justicia de Guatemala. La noticia fue confirmada este martes por el director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, quien aseguró que no existe, ni existirá, una alerta internacional contra los funcionarios colombianos.
“La Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”, declaró Sánchez Cristo al aire, despejando así las dudas que surgieron tras las acciones judiciales iniciadas desde el país centroamericano.
La solicitud guatemalteca se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que las autoridades de ese país vincularan a Velásquez y Camargo con decisiones tomadas durante su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, fuentes de La W revelaron en primicia que ambos gozan de inmunidad internacional, en virtud del Acuerdo de Creación de la Comisión Anticorrupción, lo cual habría sido determinante para la negativa de la Interpol.
Iván Velásquez fue comisionado de la CICIG, respaldada por Naciones Unidas, donde lideró investigaciones clave contra redes de corrupción en Guatemala. Luz Adriana Camargo también formó parte del equipo jurídico internacional que respaldó estas investigaciones. La labor de ambos ha sido reconocida ampliamente por organismos internacionales, aunque ha generado rechazo en sectores del poder guatemalteco.
La decisión de la Interpol se considera un respaldo implícito a la legitimidad del trabajo realizado por Velásquez y Camargo en el marco de su misión internacional. Además, pone en entredicho la independencia de la solicitud guatemalteca, que algunos analistas han calificado como un intento de represalia política.
Por ahora, tanto el Gobierno colombiano como organismos internacionales observan con atención el desarrollo de este caso, que pone en evidencia los desafíos de proteger a funcionarios judiciales que luchan contra la corrupción transnacional.
