El presidente Gustavo Petro divulgó en redes sociales una parte de la información que, según él, corresponde al cuadro oficial de cultivos de hoja de coca que la Policía Nacional de Colombia habría entregado a Donald Trump, en medio de la controversia por la reserva del informe 2024 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) con acompañamiento de la UNODC.
El movimiento de Petro se dio después de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) pidiera al Gobierno colombiano publicar “sin demora” los resultados del reporte de 2024, advirtiendo que la falta de divulgación dificulta comparaciones internacionales y la formulación de políticas basadas en evidencia.
En su mensaje, Petro respondió a cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exsecretario de Seguridad de Bogotá Daniel Mejía, quienes han insistido en que el Ejecutivo no debe mantener el informe bajo reserva. Petro publicó una gráfica comparativa y lanzó una frase dirigida a sus críticos: “Puede mirar quién disparó”, en referencia al crecimiento de los cultivos durante administraciones previas y su lectura política del repunte.
La disputa de fondo, sin embargo, no es solo política. De acuerdo con reportes de prensa, el Gobierno ha condicionado la publicación del informe a ajustes metodológicos: Petro sostiene que el cálculo de “productividad potencial” (y, por ende, de producción potencial de cocaína) usa un método que él califica de “burdo” y ha pedido incorporar variables como hectáreas abandonadas, incautaciones y plantas no procesadas antes de divulgar resultados oficiales.
Mientras no exista publicación completa, siguen circulando cifras filtradas y estimaciones citadas por medios: un aumento cercano al 3% en el área sembrada en 2024 (de 253.000 a 262.000 hectáreas) y un potencial de producción que superaría las 3.000 toneladas de clorhidrato de cocaína. El debate se intensifica porque, según análisis periodísticos, el indicador de producción potencial sería el punto más sensible en la discusión técnica con Naciones Unidas y en la presión diplomática de Estados Unidos sobre la política antidrogas colombiana.
En paralelo, Daniel Mejía aseguró que elevó un derecho de petición para conocer el documento y que le fue negado, señalamiento que alimenta la discusión sobre transparencia y acceso público a los criterios técnicos con los que el Gobierno cuestiona el reporte SIMCI–UNODC.
El propio Petro anticipó que en marzo viajará a Viena para reunirse con instancias del sistema de Naciones Unidas vinculadas al tema de drogas, en un intento por destrabar el pulso metodológico y político alrededor del informe.
