En un esfuerzo por fortalecer la justicia restaurativa y con perspectiva de género, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, firmaron una declaración conjunta que busca ampliar la implementación de la Ley de Utilidad Pública. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ambas funcionarias anunciaron la creación de 200 nuevas plazas para que las beneficiarias de la norma presten servicios comunitarios en lugar de cumplir condenas en centros penitenciarios.
La Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023) permite a mujeres condenadas, que sean cabeza de familia y que hayan cometido delitos en condiciones de marginalidad, conmutar su pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios. Esta iniciativa aplica para delitos como hurto, tráfico de estupefacientes en mínimas cantidades y otros cuya pena no supere los ocho años, siempre y cuando las beneficiarias no registren antecedentes judiciales recientes.
Hasta la fecha, 130 mujeres en 11 departamentos han recibido este beneficio, con 133 decisiones judiciales favorables. Además, se han suscrito 27 convenios con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y ONG, habilitando 2.492 plazas a nivel nacional. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha sumado 50 plazas adicionales y, por orden judicial, se han abierto siete más en entidades territoriales, alcanzando un total de 2.549 plazas disponibles para este programa.
La ministra Buitrago enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar una justicia restaurativa que contemple la vulnerabilidad y la equidad de género. “Con la Ley de Utilidad Pública confirmamos la necesidad de que las instituciones caminemos de manera conjunta, para que podamos realizar la finalidad de una justicia restaurativa con visión de vulnerabilidad y con perspectiva de género”, afirmó.
Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que con la firma de la declaración se avanza en la implementación de la ley, permitiendo que más mujeres accedan a este beneficio y cumplan con el servicio social exigido.
Durante el evento, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte Rincón, presentó la plataforma MARÍA (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), una herramienta digital que facilitará la presentación y el seguimiento de las solicitudes de este beneficio. Esta innovación permitirá a defensoras y defensores públicos analizar casos y presentar solicitudes ante los jueces competentes, agilizando el proceso y optimizando la identificación de barreras y oportunidades de mejora.
La implementación de la Ley de Utilidad Pública representa un avance significativo en la búsqueda de alternativas a la privación de la libertad para mujeres en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, el Estado colombiano reafirma su compromiso con la equidad de género y la inclusión social, brindando a estas mujeres una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas y aportar positivamente a la sociedad.
