Dieciséis demandas de nulidad radicadas ante el Consejo de Estado buscan frenar —y eventualmente tumbar— el incremento del salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para 2026 mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Los demandantes, entre ciudadanos y algunas organizaciones, acompañaron sus acciones con solicitudes de medida cautelar para que se suspendan provisionalmente los efectos de la norma mientras se decide de fondo sobre su legalidad.
El rastreo de los procesos se conoció a partir de consultas en Samai, la plataforma tecnológica del Consejo de Estado, donde se evidenció una concentración de expedientes en un periodo corto entre enero y febrero de 2026. El punto común en los escritos, según los reportes de prensa, es la petición de suspensión provisional: detener la aplicación del aumento antes de que el tribunal emita un fallo definitivo.
La controversia llega en un momento clave porque, en paralelo, la Sección Segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 y ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto “transitorio” en un plazo de ocho días, mientras avanza el estudio de fondo. El decreto había fijado el salario mínimo “vital” en un total de 2.000.000 de pesos mensuales, compuesto por un salario base de 1.750.905 y un auxilio de transporte de 249.095, con un alza del 23,7 % frente a 2025.
De acuerdo con la reconstrucción judicial divulgada por El Espectador, una de las demandas que impulsó la medida cautelar fue presentada por el abogado Germán Eduardo Castro Marín. El expediente terminó acumulado con otro proceso similar y quedó bajo ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo (Sección Segunda). Entre los argumentos centrales de los demandantes está que el decreto no tendría una motivación técnica suficiente y que no habría sustentado con rigor variables como inflación y productividad para justificar el incremento.
En el bloque demandado aparecen entidades del Gobierno Nacional, incluyendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República. En el registro de procesos también figuran nombres de demandantes como Luis Henry Moya Moreno y Harlinson Sánchez, entre otros ciudadanos.
Qué puede pasar ahora. Con la suspensión provisional ya decretada, el escenario inmediato es de alta incertidumbre jurídica: no solo por el pago directo del salario, sino por los efectos en cadena sobre aportes a seguridad social y múltiples rubros indexados al mínimo. El Consejo de Estado deberá resolver si el Decreto 1469 cumple los requisitos legales de expedición y motivación o si, por el contrario, procede su nulidad.
