Walter Benavides Antia
Hay necesidad de evaluar la correlación existente entre la gestión de la infraestructura hídrica, la calidad del agua suministrada y los indicadores de salud pública en las comunidades no interconectadas al sistema urbano central. La evolución durante los últimos cinco años permite identificar no solo fallas estructurales, sino también la efectividad de las políticas de inversión pública. La seguridad hídrica rural ha dejado de ser un asunto de ingeniería sanitaria para convertirse en un eje central de la gobernanza territorial, donde convergen competencias de la Secretaría de Salud, Desarrollo Rural y los entes de control fiscal.
2021: El Deterioro Post-Pandemia. Marca el inicio del declive en los indicadores de calidad que habían mostrado cierta estabilidad en 2020. Mientras 2020 cerró con un porcentaje alto de acueductos “Sin Riesgo”, en 2021 la vigilancia se debilitó, con un 7.8% de la muestra sin datos reportados. Este año se caracterizó por la reactivación económica post-COVID, pero los acueductos rurales, golpeados financieramente durante la pandemia (baja recaudación), no lograron recuperar su capacidad operativa plena, iniciando una tendencia de deterioro en la infraestructura.
2022: El Impacto de La Niña. Fue un año crítico debido a factores climáticos. La intensificación del fenómeno de La Niña trajo lluvias que saturaron las microcuencas. Los boletines epidemiológicos de este año mostraron un aumento en las infecciones respiratorias (IRA) y un comportamiento inestable de la EDA, correlacionado con la dificultad de tratar agua con alta turbiedad. El número de acueductos “Sin Riesgo” disminuyó notablemente, y sistemas que antes eran estables comenzaron a migrar hacia categorías de “Riesgo Bajo” y “Medio”.
2023: El Pico de la Crisis Sanitaria. Se consolida como el año de peor desempeño en el quinquenio. Se alcanzó un máximo histórico de riesgo, con seis acueductos rurales clasificados como “Inviable Sanitariamente”. Este colapso de la calidad coincidió con hallazgos fiscales sobre la ineficacia de las inversiones. La mortalidad por EDA en menores de 5 años en el departamento alcanzó una tasa de 13.58. Fue el año donde la incoherencia de datos entre secretarías se hizo más evidente, dificultando la respuesta articulada.
2024: Transición y Planificación. Cambio de administración. Un año de diagnóstico y ajuste. Aunque se mantuvieron niveles de riesgo en sistemas críticos, se iniciaron procesos de auditoría más rigurosos. La ejecución presupuestal inicial fue lenta (5.6% en el primer trimestre para Desarrollo Rural), lo que retrasó la entrega de insumos y mantenimientos, perpetuando la inercia negativa del 2023 durante el primer semestre.
2025: Estancamiento y Riesgo Vectorial. Al cierre de 2025, la situación muestra un estancamiento. Si bien no se ha repetido el pico catastrófico de inviabilidad de 2023 en todos los sistemas, persisten focos críticos (Bellavista, La Renta). La novedad epidemiológica es el recrudecimiento del Dengue, desplazando la atención pública hacia las enfermedades vectoriales, aunque estas tienen su raíz en la gestión del agua. La inversión se ha focalizado, pero los resultados estructurales en el IRCA son lentos. La regionalización propuesta avanza administrativamente pero aún no transforma la realidad del grifo en la vereda.
