El Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral, recientemente posesionado ante el Consejo Nacional Electoral y conformado por los magistrados Tatiana Arias, Diana Linares y Carlos Alberto Torres Murillo, comenzó a actuar en Risaralda. Mediante la resolución 2713 de 2019, expedida por Heriberto Sanabria Astudillo, presidente del CNE, fueron posesionados 33 tribunales de esta naturaleza en todo el país, los cuales ejercerán medidas preventivas, que permitirán identificar posibles amenazas al proceso electoral y fiscalizar las actuaciones de los actores que intervienen en la contienda del 27 de octubre de 2019 en el período comprendido hasta el 15 de noviembre. Estos tribunales serán los encargados de velar por las garantías de los procesos electorales y las relacionadas con la vigilancia, inspección y control sobre la Organización Electoral y demás funcionarios públicos. Entre sus funciones se destacan el monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas en materia de propaganda electoral y financiación de campañas, así como la de verificar que se cuente con la logística necesaria para el normal desarrollo de los comicios en los territorios de su competencia. Sobre el tema hablamos con Carlos Alberto Torres, quien es abogado especializado en derecho comercial, constitucional y administrativo y se ha desempeñado como gerente suplente y secretario general de Aguas y Aguas de Pereira, asesor privado de la Alcaldía de Dosquebradas, Alcalde ad hoc de ese municipio, asesor jurídico de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda y también del Hospital San Jorge de Pereira.
¿Qué funciones está llamado a cumplir este tribunal?
La función primordial es garantizar la imparcialidad y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos a ser elegidos y al libre ejercicio del sufragio. Nosotros, como integrantes del Tribunal, que es como una extensión del Consejo Nacional Electoral, debemos procurar porque haya transparencia e imparcialidad en el debate político y porque las campañas se sujeten a la ley. Nosotros no somos Policía, ni Fiscalía, ni Auditores, somos colaboradores y tenemos el deber de garantizar que el proceso se lleve a feliz término. Eso implica que nuestros conocimientos y la capacitación que recibimos en el CNE y el suministro de una importante bibliografía sobre la normatividad -la que haremos llegar a las diferentes campañas- para prestar una asesoría y acompañamiento.
¿Cómo van a ejercer esas funciones?
Nosotros tenemos jurisdicción en todo el departamento de Risaralda y vamos a elaborar un plan de acción y de trabajo tendiendo a cubrir todo ese acompañamiento interinstitucional que se requiere en esta gesta democrática.
¿Ya está definido dónde será la sede del Tribunal?
No está definido. Por situaciones que desconozco, nos informaron que le habían cursado una solicitud al Gobernador de Risaralda y al Alcalde de Pereira, pero no obtuvieron respuesta alguna. Contrario a lo que ha sucedido en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y otros más en donde fueron atentos y respondieron en forma afirmativa, aún suministrando vehículos para el servicio de la entidad. Si bien el Tribunal es una institución un tanto desconocida, por el hecho de tener connotación política, creen que no hay nada. Como decía el presidente del CNE, Heriberto Sanabria, nuestro papel es fundamental para que se logre el verdadero ejercicio democrático, para que las campañas cumplan con la ley y con las normas y para que se eviten muchos dolores de cabeza. Nosotros estamos para eso. Como lo decía hace un momento, no somos ni auditores ni policía, vamos a acompañar, a vigilar y a supervisar todo ese proceso democrático y si algo está mal tenemos el Consejo Nacional Electoral en Bogotá que va a recibir las quejas y a adelantar los trámites respectivos.
¿Estos tribunales tienen competencias sancionatorias?
Nosotros somos, esencialmente, instructores. Es decir que hacemos la instrucción, recogemos las evidencias y las pruebas, pero es el Consejo Nacional Electoral el que impone las sanciones. Los tribunales somos facilitadores y si algo no está funcionando bien tenemos el deber de informar a la Oficina de Vigilancia e Inspección del CNE para que ellos adelanten el trámite correspondiente y que haya el debido proceso. Al infractor o al disciplinable hay que darle al oportunidad de ser escuchado y vencido en juicio, dentro de las garantías procesales correspondientes. Esas funciones están claramente definidas en la Resolución 1638 del 2019 del CNE, donde habla de la creación de los tribunales, sus funciones y competencias.
¿Qué normas establecen tales funciones?
El capítulo II en el Artículo 10 establece las funciones relacionadas con las garantías de los procesos electorales, en sus ocho numerales. Y en desarrollo de esas funciones tiene otros alcances que están claramente definidas en la ley. El artículo 11 define las funciones relacionadas con la vigilancia, inspección y control sobre la organización electoral y demás funcionarios públicos.
¿Estos Tribunales son una figura nueva dentro de la dinámica electoral?
Esta figura es no nueva pero, pero por circunstancias que desconozco, de pronto los personajes no se enamoran de los cargos y no funcionan como debe ser. Para esto hay que saber un poco y querer hacer el trabajo. Son cargos políticos y a veces la gente confunde o cree que el sinónimo de esto es no hacer nada y cobrar. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la democracia y me gustan todos estos procesos, la transparencia y disfruto haciendo esto. Así que este cargo me ha caído cono anillo al dedo. Queremos colaborar en la medida en que se pueda, pero cuando haya que informar y que denunciar esos hechos -si son delitos- a la Fiscalía, a la Procuraduría y a los demás entes de control, lo vamos a hacer porque para eso estamos.
¿Qué tan ágiles son los procesos que tramitan estos tribunales y el Consejo Nacional Electoral?
Tenemos una misión muy importante y es hacer que las campañas cumplan con la normatividad. Obviamente que el trámite de los procesos disciplinarios tiene sus términos, si son ordinarios la Ley 734 del 2002 establece claramente cuando hay indagación preliminar y viene la formulación de cargos, la apertura de la investigación y las distintas etapas del proceso. Un proceso, regularmente puede demorar dos o tres años o más. Hay que tener en cuenta que es un solo organismo manejando todo a nivel nacional, son 1102 municipios en donde hay 120.000 actores que posiblemente un buen porcentaje de ellos están incursos en alguna conducta que amerita una investigación y una consecuente sanción.
