Al amparo de las medidas de excepción que se han expedido para atender las necesidades derivadas de la crisis humanitaria, social y económica provocada por la propagación del Coronavirus, en el país se han identificado más de 9000 contratos por un valor superior a 1,6 billones de pesos, lo que ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a unirse para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en la ejecución de los recursos públicos de la emergencia por Covid-19. Ante las denuncias sobre presuntos malos manejos de algunso de esos recursos, siete organizaciones de la sociedad civil decidieron poner en marcha una acción conjunta para vigilar y garantizar que esos recursos sean invertidos en la atención de la crisis. En esta iniciativa, llamada “Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19” participan Transparencia por Colombia, el Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, la Corporación Cívica de Caldas, Funcicar de Cartagena, el colectivo Alianza por una Cali más Transparente y Participativa y la Corporación Vigía Cívica de Pereira. “Nunca antes había sido tan claro todo lo que nos ha quitado la corrupción. Por eso desde la ciudadanía estamos poniendo a disposición nuestra experiencia para pasar de la indignación a la acción, queremos fortalecer nuestras instituciones, nuestra democracia y que le demos un valor a lo que es público, a lo que es nuestro”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia. Sobre los alcances de esta iniciaiva social EL DIARIO consultó la opinión de James Fonseca Morales, director ejecutivo de la Corporación Vigía Cívica.
¿En qué consiste esta alianza ciudadana?
Transparencia por Colombia tiene muchos más medios tecnológicos que nosotros y ellos han hecho un trabajo muy interesante mediante el cual van a poner a nuestra disposición una serie de redes o de plataformas, como lo son SECOP I, SECOP II, Colombia Compra Eficiente y algunas otras privadas, que tienen la misión de auscultar la contratación pública, lo que nos permite tener una gran base de datos, segmentada por cada una de las entidades firmantes, en las que podemos consultar mucha información que sería difícil de recolectar con los escasos medios de que disponemos. De alguna manera esa es la primera gran ventaja que obtenemos de la alianza. Nos hemos encontrado, con alguna sorpresa, otras entidades en el país que tienen más o menos el mismo derrotero y objetivos nuestros, los cuales trabajan otras variables y miradas, lo que facilita hacer una integración en la que estamos compartiendo esas experiencias y esas posibilidades tecnológicas, lo que nos permite aumentar mucho más nuestra eficiencia.
¿De manera global, cuál es el volumen de la contratación pública a la que le van a poner el ojo en la región?
Desde esta semana hemos venido teniendo acceso paulatino a la base de datos. En el caso del Municipio de Pereira, en época de la pandemia, ha firmado alrededor de 500 contratos -no todos son a causa del Covid 19- y entre esos, desde este jueves, entraremos a hacer una selección de los que fueron firmados por la vía de la Urgencia Manifiesta, cuáles son contratos directos para atender las distintas necesidades que nos planteado la cuarentena y cuáles los que nos ha planteado el Covid 19 -que son cosas distintas-. Haremos el análisis de todos esos contratos, con una diferencia de lo que veníamos haciendo: incluiremos en ese análisis el Departamento de Risaralda.
¿Ya se sabe el volúmen de contratos que por esta época se han firmado en la Gobernación de Risaralda?
Aún no tenemos esa información. Esto es muy nuevo, pero sí tenemos ya la base de datos donde están incluidos los contratos del Departamento de Risaralda y, con nuestros practicantes, procederemos a seleccionar cuáles son los que nos interesan porque son del regimen especial que nos plantea la emergencia para comenzar a analizarlos.
¿En este aislamiento obligatorio como va a desarrollar esta tarea la Corporación Vigía Cívica?
Teníamos un afortunado antecedente: a principios del año pasado, en razón de la falta de espacio, tuvimos que dar un paso adelante y volvernos también virtuales, comenzamos a trabajar con los practicantes de las distintas universidades de manera remota y adquirimos una experiencia que es muy valiosa ahora. El semestre pasado lo hicimos con unas personas en el lugar que nos tiene destinado la Universidad Católica de Pereira y otros por la vía virtual, así que este cambio no fue difícil porque ya teníamos la experiencia, las matrices y los manuales de manera que solo fue hacer una actualización para comenzar a trabajar. Curiosamente ahora tenemos muchos más practicantes que los que había antes cuando teníamos que sentarnos en un mismo lugar.
¿En estos casos cómo es la ruta de actuación?
Lo primero que hacemos es una asignación de trabajos a cada uno de los practicantes de acuerdo con lo que vamos encontrando, ellos leen toda la documentación, luego extraen los datos y los vierten en la matriz. Cuando está lista la integramos a otros procesos de contratación que hemos tenido anteriormente para observar los contratistas, cuántos contratos les han adjudicado en los últimos dos años, porqué siempre se contrata con los mismos. En esto han aparecido algunos que tienen muchos contratos pero no tienen el músculo financiero que uno esperaría para que se repita la contratación y se verifica si hay otro proponente mayor que puede dar mejores precios. Es decir, se analizan los distintos riesgos de corrupción que ya tenemos estandarizados y sistematizados.
¿Y cuál es el siguiente paso?
Cuando en ese proceso encontramos cosas que vale la pena ponerles el ojo, hacemos una exploración un poco más profunda en donde miramos los antecedentes del contrato, los documentos de estudio de mercado y la justificación de la necesidad, cosas que no están operando ahora con la contratación de la pandemia. Y cuando vemos que hay realmente situaciones críticas, le damos traslado a las Contralorías. En estos casos nos colaboran mucho las Contralorías de Periera y de Risaralda, que ha abierto investigaciones cuando encuentran méritos. Además le remitimos también a las Procuradurías y a la Fiscalía General en los casos donde es evidente la comisión de un delito.
¿Esto implica dejar de evaluar la contratación con recursos No Covid?
Ese es el modus operandi de la Corporación y en el cual vamos a entrar a operar con menos pasos en esta ocasión. De hecho no descuidamos esa labor y hemos seguido trabajando en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, por eso ya teníamos adelantado parte de este trabajo, porque dentro de todos los contratos qu venimos analizando, tratamos de hacerlo en tiempo real y ya teníamos los datos de algunos contratos. La diferencia es que ahora se nos aumentan las fuentes de consulta y nos dedicamos una parte a lo que veníamos haciendo y la otra, con otros jóvenes practicantes, a lo que es la contratación del Covid 19, ampliado al Departamento de Risaralda.
Datos de interés
- Desde el 16 de marzo hasta el 14 de mayo se identificaron 206 contratos en todo el país relacionados con la crisis del Covid-19.
- Bajo la causal de urgencia manifiesta se encontraron 4655 contratos, asignados por modalidad directa, estimados en 1,1 billones de pesos.
- El 71% de la contratación, para la atención de la emergencia, se ha realizado en el nivel territorial, y equivale a 1,1 billones de pesos.
- Se registran 613 contratistas, entre los cuales vamos a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019
