El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien tomó posesión de su cargo hace cuatro meses, concedió una entrevista especial a EL DIARIO en donde abordó abiertamente todos los temas puestos sobre la mesa, desde la lucha contra la corrupción, la vigilancia de los recursos para atender las emergencia del Covid-19, las investigaciones sobre contrataciones en la Presidencia de la República y en el Ejército Nacional y el asesinato de líderes sociales hasta su cercanía con el Jefe de Estado..
¿Qué temas le preocupan más: la corrupción, la criminalidad, la impunidad?
Los tres van de la mano, hacen parte de un círculo vicioso. La corrupción es una forma de criminalidad consistente en el abuso del poder para obtener algún tipo de beneficio. Ocurre tanto a gran escala como en casos pequeños, pero todos afectan a la comunidad; se presenta a través de gran cantidad de formas, no sólo a través de la contratación pública, y puede ser tanto pública como privada. La criminalidad es un fenómeno que va más allá del simple delito individualmente considerado, tiene orígenes de diversa índole y varias consecuencias lesivas, que a su turno pueden ocasionar otros fenómenos y conflictos sociales cada vez más grandes. La impunidad es la falta de sanción a esa criminalidad, lo que genera desconfianza en las instituciones y en la eficacia del aparato punitivo del estado, que a su turno ocasiona más criminalidad y por ende más corrupción. Nuestra misión desde el servicio público es encontrar soluciones a estas problemáticas. Si bien desde la Fiscalía General de la Nación nos corresponde principalmente la investigación y acusación de las conductas delictivas, para hacer efectivamente ese trabajo debemos tener un enfoque más amplio y estratégico, esto es, debemos conocer lo que hay detrás del fenómeno criminal y las consecuencias que genera en la comunidad. Eso es precisamente lo que estamos realizando en esta nueva administración del ente acusador.
De la mano de la Contraloría y la Procuraduría se conformó una especie de bloque de búsqueda de la corrupción en el manejo de la contratación pública al amparo de la actual emergencia ¿Cuáles han sido sus resultados?
Hemos diseñado una estrategia para investigar y acusar ante los jueces las distintas irregularidades que cometan todas las personas que tienen a su cargo la administración de los recursos para atender la pandemia, tanto servidores públicos como particulares. Conformamos un Grupo de Tareas Especiales integrado por nuestros mejores fiscales e investigadores especializados en la investigación de este tipo de conductas delictivas. Estamos realizando verificaciones en tiempo real de los contratos que están siendo celebrados, modificados y liquidados en el marco de la emergencia sanitaria por parte de los diferentes entes territoriales y entidades del orden nacional, en compañía de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en una estrategia conjunta que hemos denominado “transparencia para la emergencia”. Esta estrategia nos ha permitido consolidar investigaciones conjuntas, a partir de las cuales estamos recibiendo información importante del estado de la contratación municipal, departamental y nacional. A partir de dicha estrategia, hemos realizado una rigurosa revisión de más de 3000 contratos celebrados por autoridades locales y nacionales, a partir de lo cual hemos creado 277 iniciativas investigativas y tenemos 40 indagaciones preliminares abiertas, tanto en Direcciones Seccionales como en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Igualmente, estamos adelantando desde la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia 14 procesos en contra de aforados constitucionales, incluyendo 1 Ministro y 11 Gobernadores Departamentales.
¿En ese sentido, para el caso de Risaralda qué irregularidades han encontrado hasta ahora?
Se tienen varias iniciativas investigativas en curso en todo el Departamento de Risaralda. Estamos investigando contratos para adquirir kits alimentarios y suministros de insumos de salud, los cuales están siendo objeto de verificación por parte de un Fiscal Destacado exclusivamente para este tema, que está ubicado en Pereira, quien trabaja con un grupo de policía judicial conformado entre miembros del CTI y DIJIN. En próximos días se anunciarán los resultados de estas verificaciones, en primer lugar a las partes dentro de la actuación y posteriormente a la opinión pública.
¿La atención prioritaria a este tema ha dejado en un segundo plano situaciones como la Ñenepolítica, Odebretch, entre otras?
Para nada, hemos aprovechado la coyuntura para fortalecer nuestras estrategias investigativas en varios casos de connotación nacional. No obstante, tampoco hemos descuidado la atención de los casos que afectan al ciudadano de a pie. Nuestros investigadores de policía judicial están atendiendo presencialmente los actos urgentes que ha requerido la comunidad. Contamos con 1.297 investigadores del CTI y con 1.304 investigadores de la SIJIN que están en la calle y en los territorios en estos momentos.
La importancia del tema Odebrecht hizo que unificáramos la investigación de los 175 radicados relacionados con el caso, el cual se asignó a la Fiscalía Delegada ante la Corte con un grupo de tareas especiales de gran solidez y con todo el respaldo institucional. Se ha redefinido el método de investigación para hacerla integral y en contexto, y se están surtiendo actos de investigación y análisis. Es un caso priorizado que ofrecerá los resultados por todos esperados.
En cuanto a la Ñeñepolítica, conformamos equipo de trabajo para establecer si se cometió algún delito contra los mecanismos de participación democrática. Los investigadores escucharon la totalidad de los audios obtenidos a raíz de la interceptación de comunicaciones y extrajeron algunas conversaciones que resultan relevantes para esta investigación. También han confrontado los informes de policía judicial presentados por la DIJIN en los años 2018 y 2019 con el informe parcial que presentó el CTI este año sobre las primeras conversaciones interceptadas. Igualmente, se ha avanzando con la búsqueda en fuentes de datos abiertas para individualizar a los posibles interlocutores.
En la misma dirección ¿en qué van casos emblemáticos de corrupción en Risaralda como los de Dosquebradas?
El caso al que usted se refiere empezó a raíz de un anónimo en el que se señalaba una posible apropiación irregular de los recursos destinados al programa de señalización vial contenido en los contratos 890 y 892 de 2016 y 914 de 2017 que fueron adjudicados en procesos de contratación por un valor total de $175.000.000, suscritos entre la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Dosquebradas y la fundación UNACE. La fiscalía ordenó varias actividades para verificar estos hechos, entre ellas la inspección a los procesos de contratación, inspección a lugares (donde presuntamente se habían instalado señales de tránsito que no se instalaron), entrevistas, análisis contractual, entre otros. El día 24 de octubre de 2018 fueron capturados varios servidores públicos, entre ellos la antigua Secretaria de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, Elizabeth Duque Mendez y Marco Aurelio Ramírez Cuervo, Concejal de Dosquebradas, a quienes les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Estos servidores fueron cubiertos con medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad. El día 19 de febrero de 2019 fueron acusados ante el Juez 2 Penal del Circuito de Dosquebradas por las mismas conductas y a la fecha el caso está en trámite para formalizar preacuerdo previa indemnización y/o reparación a la administración pública (municipio de Dosquebradas). De dicho proceso surgió información que originó otra noticia criminal, también por irregularidades en la contratación de la semaforización. En agosto de 2017 el municipio de Dosquebradas, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, dio inicio al proceso contractual a través de convocatoria pública con el objeto de “prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a toda la red semaforizada del municipio de Dosquebradas Risaralda”. En virtud de la investigación se pudo establecer que se había direccionado la contratación para que le fuera asignado el contrato a la empresa DICOIN S.A.S, pese a que no había presentado la oferta en el término fijado por el cronograma del proceso licitatorio. El 16 de octubre de 2019 fueron capturados por estos hechos: Manuel Leonel Rojas Hurtado, Concejal; Jhon Uber Obando, Asesor Privado Alcalde y Francisco Javier Londoño Fernandez, contratista. El 17 de octubre de 2019 les fueron imputados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y trafico de influencias. El 30 de abril de 2020 se les acusó formalmente y a la espera de fijación de fecha para audiencia preparatoria.
La cuarentena parece que no aplica para las bandas criminales que siguen asesinando líderes sociales y ex militantes de la guerrilla. ¿Qué tan efectivas han sido estas investigaciones?
En los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos y ex-militantes de la guerrilla, la fiscalía ha logrado llegar oportunamente a todas las escenas de los hechos. Para esto hemos contado con el valioso apoyo de la Policía y del Ejército. Las labores que hemos adelantado en este periodo nos han permitido que el porcentaje de esclarecimiento por afectaciones contra defensores de derechos humanos aumente de 52%, antes del periodo de la cuarentena, a 54.4%. En los casos de afectaciones contra personas en proceso de reincorporación se registra un avance del 44.59% de esclarecimiento, esto es 103 casos esclarecidos de 231, obteniendo hasta la fecha 26 sentencias condenatorias en 28 hechos victimizantes.
Como acciones desatacadas durante este periodo se cuenta con la captura de Abel Antonio Loaiza Quiñones, Alias “Azul”, responsable de 3 homicidios contra defensores de derechos humanos en Putumayo y otras 13 afectaciones contra reincorporados de las FARC-EP, población civil y defensores, que incluyen 3 homicidios, 6 desplazamientos forzados, una tentativa de homicidio y una masacre ocurrida el 4 de Abril en una vereda de Piamonte- Cauca-. Por estos hechos perdieron la vida un defensor de derechos humanos y sus dos hijos. Gracias al arduo trabajo investigativo de la fiscalía a través de la Unidad Especial de Investigación, el señor Loaiza fue capturado el pasado 10 abril y se le imputaron los delitos de homicidio agravado en concurso con desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Actualmente está recluido en un centro carcelario.
Es importante destacar que el pasado 27 de abril de 2020, en operación conjunta con la Policía Nacional de Bolívar, se logró la captura de Alex Ferney Salazar Latorre alias Jonatan, cabecilla de comisión del Frente Guillermo Ariza del ELN, a quien habíamos imputado cargos previamente mediante la figura de declaratoria de persona ausente por los delitos de Homicidio en persona protegida y rebelión en el caso del homicidio de Andrés Lugo Jaramillo, persona en proceso de reincorporación de las Farc-EP.
Así mismo, la Unidad Especial de Investigación ha avanzado en el esclarecimiento de dos masacres ocurridas en el año 2020, la ya mencionada que cometió alias “Azul” el pasado 4 de abril en el municipio de Piamonte, Cauca, en la que perdieron la vida el líder social Haminton Gasca Ortega y sus dos hijos menores de edad. La segunda, en el municipio de Mercaderes, Cauca, contra el líder social Álvaro Navarro, su esposa, su hijo y su nieta, ocurrida el 29 de abril de 2020 y por la que, el 5 de mayo, la Unidad logró la captura del señor Rene Yudier Perdo, como autor material. Ambos hechos ocurrieron durante la vigencia de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas con ocasión a la emergencia sanitaria.
Entre el 11 de marzo y el 14 de mayo de 2020 en materia de homicidios contra defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporaciones de las Farc EP, la Unidad Especial de Investigación ha obtenido los siguientes resultados: 30 órdenes de captura, 25 imputaciones, 21 capturas, 2 allanamientos, 6 sentencias y 4 preclusiones.
Entre las sentencias condenatorias obtenidas, es importante resaltar la proferida el pasado 12 de mayo contra el señor Walter Romaña Moreno, miembro de una de las bandas del norte de Quibdó, dedicada al hurto y tráfico de estupefacientes, por el delito de amenazas contra Martin Matilde Cuesta Moreno, persona en proceso de reincorporación de las Farc- EP, a la pena de 30 meses de prisión. Igualmente, la emitida el pasado 11 de mayo de 2020 en contra del señor Gustavo Adolfo Pecupawue, miembro del GAOr Dagoberto Ramos, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio del señor Mauricio Castañeda Restrepo, persona en proceso de reincorporación de las Farc – EP. También, la proferida el pasado 21 de marzo de 2020 en contra del señor José Gabriel Julio Guerrero alias Pinto, cabecilla de zona en Murindó, Carmen del Darién del Frente Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por el desplazamiento forzado de los señores Evert Ramos Gallego y Patricio Ramos Gallego, personas en proceso de reincorporación de las Farc-EP.El pasado 13 de mayo, se lograron 4 preclusiones y 4 imputaciones contra miembros de la organización criminal Clan del Golfo Subestructura de Occidente Antioqueño por los homicidios de los señores Vilmar Asprilla Allin y Ansel de Jesús Montoya Ibarra, reincorporados de las Farc – EP y líderes políticos, en hechos presentados en el municipio de Peque, Antioquia el 16 de enero de 2018.
El avance de esta investigación se enmarca en el Proyecto de Investigación del Occidente Antioqueño en el que, en la primera fase se obtuvieron 3 sentencias condenatorias, 1 imputación de cargos y 1 principio de oportunidad contra miembros de esta subestructura.
El Ejército está en el ojo del huracán debido a los sobrecostos en la compra de mascarillas y el caso de las barcas armadas que llegaron a Venezuela. ¿Cómo van a esos procesos?
Bajo el liderazgo de dos Fiscales del Grupo de Tareas Especiales, se ha dispuesto realizar inspecciones y entrevistas en diferentes secciones del Ejército que se están materializando en Armenia, Cúcuta, Bogotá,
El Ministro de Defensa dejó entrever una división al interior del Ejército Nacional. ¿Cuál es su nivel de confianza en esta institución y en la Policía Nacional?
Creo en las instituciones y soy un respetuoso del Estado social de derecho. Independientemente de cualquier consideración, le tengo toda la confianza al Ejército Nacional y a la Policía como entidades que soportan el orden público.
¿Volviendo al tema del Ejército, en el caso de las chuzadas a periodistas y corresponsales se podrá conocer pronto el avance de esas investigaciones?
Tan pronto se conocieron públicamente estas irregularidades, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició la correspondiente indagación. Tenemos un equipo de investigación fortalecido, dedicado por completo a realizar las actuaciones necesarias, entre las diligencias realizadas está la inspección al caso que adelanta la Procuraduría General, entre otras actuaciones, para ofrecer prontos resultados de verdad y justicia ante el país en este caso.
Sabemos que su interés se centra también en la seguridad ciudadana. ¿Qué hacer desde la Fiscalía para que la gente se sienta segura en las calles?
Como lo comenté anteriormente, contamos con 1.297 investigadores del CTI y con 1.304 investigadores de la SIJIN que están en la calle y en los territorios en estos momentos, atendiendo de forma presencial los actos urgentes en los que la ciudadanía ha demandado una respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General de la Nación. Queremos enviar un mensaje de confianza a la comunidad. La confianza en las instituciones, especialmente en las encargadas de administrar justicia, es un factor esencial para el desarrollo de un país.
Se habla mucho de su cercanía con el Presidente, tema que se ha vuelto recurrente entre los caricaturistas. ¿Se puede esperar total transparencia e independencia en su gestión?
El Presidente de la República tiene unas competencias constitucionales y yo tengo otras. Mi independencia es total y así se lo he demostrado al país. Yo no hago parte de partido político alguno. Mi función está atada a la Constitución y a la ley.
¿Al respecto se han abierto investigaciones sobre las recientes denuncias de prensa sobre el uso de recursos del Fondo Paz en varios contratos para mejorar la imagen del Presidente y para realizar encuestas de opinión sobre su gestión en plena crisis por la pandemia?
Estamos realizando labores de verificación que nos permitan establecer si existen o no posibles irregularidades en este caso.
¿Las recientes compras de vehículos para la Presidencia y los magistrados y municiones para el ESMAD han derivado en alguna indagación preliminar por parte de la Fiscalía?
No tenemos ninguna noticia criminal creada por estos hechos.
¿La crisis en las finanzas del Estado derivada de la situación de confinamiento, ha afectado también el presupuesto y el funcionamiento de la Fiscalía?
Sí, en la medida en que nos ha tocado invertir algunos recursos en la compra de elementos de protección personal para nuestros funcionarios.
¿Con la extradición de Salvatore Mancuso, hecha oficialmente esta semana, el ex paramilitar deberá comparecer ante la justicia ordinaria o ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP?
En la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Salvatore Mancuso Gómez figura relacionado en 330 investigaciones activas por delitos relacionados con su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, por hechos de desaparición forzada, homicidios, desplazamiento forzado, violencia sexual, secuestro, entre otros. Con la llegada de esta persona a territorio Colombiano y con la finalidad de definir su situación Jurídica, deberá comparecer ante los fiscales de esta Dirección para ser escuchado en indagatoria en por lo menos 170 investigaciones, hechos que no han sido versionados ni confesados en Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).
Al asumir su cargo usted dijo a la prensa que: “si hay algo que deben temer los corruptos es la llegada de un Fiscal General como yo” ¿En qué va esa sentencia?
Hemos logrado avances importantes en la lucha contra la corrupción. Una de las líneas de investigación a través de la cual queremos impactar este fenómeno delictivo está relacionada con irregularidades en contrataciones que involucran los recursos provenientes del sistema de regalías, de los fondos para la implementación del acuerdo de paz, cuya destinación específica son las poblaciones de diferentes municipios y departamentos del territorio nacional. En esta materia hemos conseguido resultados en casos emblemáticos. Por ejemplo, en Villavicencio formulamos imputación de cargos contra cuatro funcionarios del Instituto de Obras del Meta, entre ellos el ex-director, por el delito de celebración indebida de contratos. Identificamos posibles irregularidades cometidas en 4 contratos en obras de infraestructura vial, en tanto al parecer se quiso favorecer a un contratista. En otro caso relevante formulamos imputación de cargos en contra del antiguo Secretario de Salud Córdoba 2013-2014, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación. El caso está relacionado con posibles irregularidades al firmar las resoluciones y autorizaciones para el suministro de medicamentos de alto costo para el tratamiento presuntos pacientes con hemofilia. En otro caso identificamos irregularidades en el contrato celebrado en el año 2011 entre la Gobernación del Meta y la Unión Temporal Vanguardia, que tenía como objeto el mejoramiento del Acueducto Vanguardia. Pese a que la obra pactada tenía una duración de 8 meses, tardó cerca de 4 años y nunca entró en funcionamiento por errores en su construcción, por lo que fue necesario suscribir un nuevo contrato para solucionar dichas deficiencias.
Por otra parte, hemos citado a imputación de cargos a posibles responsables en casos que afectan a la ciudadanía en las regiones del país. En el Departamento de Cundinamarca se efectuó imputación contra el antiguo Secretario de Planeación de Cajicá por otorgar licencia de construcción a una constructora en la que él mismo tenía una participación accionaria. En el Departamento de Casanare se citó a imputación al antiguo Jefe de la Oficina de Planeación de Yopal, quien profirió actos administrativos que aprobaron el plan parcial Portales del Rosal y que otorgaron licencias de construcción, sin tener en cuenta la normativa referente a planes de ordenamiento territorial. Esto permitió que se desarrollaran 45 hectáreas en 628 lotes, que se estaban vendiendo de forma irregular. En el Departamento del Meta, se citó a audiencia de formulación de imputación al exsecretario de planeación de Acacias, profesional universitario y dos particulares, por los delitos de Prevaricato por acción, urbanización ilegal, al permitir construir en zona de preservación ambiental y no entregar en compensación a la alcaldía porcentaje que se concertó como de preservación ambiental.
Igualmente, hemos conseguido sentencias condenatorias en casos de gran relevancia nacional. Por ejemplo, en el caso contra el ex-director del INCODER, José Ignacio Lacouture Armenta, logramos que se lo condenara por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros a 10 años de prisión. En la misma decisión fueron condenados cuatro ex-funcionarios más de la extinta entidad. En otro caso importante conseguimos que se emitiera sentencia condenatoria en contra de la señora Martha Lucia Pinilla Díaz, antigua investigadora del CTI,, a 80 meses de prisión en establecimiento carcelario. Logramos demostrar que recibió dadivas para favorecer en la investigación adelantada en contra de a la ex-rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Gette Ponce, comprando testimonios de ex-paramilitares para que declararan en contra de la señora María Paulina Ceballos en el asesinato de su esposo, Fernando Cepeda. Otro caso relevante es llevamos contra el revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima-, Israel Miranda Toro, en el que conseguimos que fuera condenado por el delito de concusión a 48 meses de prisión. Este servidor había aprovechado su condición de revisor fiscal de Cortolima para exigir dádivas a grandes industriales de la región a cambio de favorecerlos en los procesos que tenía a su cargo, ya sea agilizando procesos o garantizando la expedición de permisos y licencias.
