La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, Acofade, declaró como Personaje del Año 2020 a Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional, como reconocimiento a los méritos alcanzados en el ejercicio de sus funciones, en especial “a su labor de encabezar la implementación de la virtualidad en los trámites de tutela al interior de la Corte Constitucional así como a la implementación del software que por la emergencia fue necesario para llevar a cabo la selección y el estudio de las tutelas”. La asociación le reconoce además el trabajo en la Corte frente al estudio de constitucionalidad de los decretos emitidos por el gobierno nacional en virtud del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Esta proclamación se suma a la condecoración “José Ignacio de Márquez” al mérito judicial en la Categoría de Oro que le confirió hace poco el Consejo Superior de la Judicatura. Rojas Ríos presentó a los medios de comunicación social del país el balance de su ejercicio este año al frente de la presidencia de la Corte Constitucional en relación con tres ejes temáticos: actividad judicial, procesos de modernización y los principales retos y casos para el próximo año.
Actividad judicial
Respecto de los resultados de la actividad judicial se realizaron 85 salas plenas. 16 de ellas fueron presenciales, 3 mixtas y 66 fueron virtuales. Se han proferido 513 sentencias (214 de constitucionalidad y 299 tutelas) y 490 autos de sala plena. Gran parte de la labor se concentró en el control automático de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos del Gobierno Nacional.
Balance de las revisiones
En siete meses se culminó esta revisión y se analizaron 885 artículos, de los cuales el 11 % se declararon inexequibles y un 9 % tuvieron algunas expresiones inexequibles o condicionalmente exequibles. Así mismo se destacó la revisión de los decretos sobre justicia digital, arrendamiento de locales comerciales, la continuidad de funciones de la jurisdicción constitucional, el acceso a productos básicos de la canasta familiar, contratación estatal y servicios públicos domiciliarios.
Sentencias emitidas
Se han proferido 93 sentencias que estudian demandas de inconstitucionalidad y se avanzó en la revisión de tutelas. Entre estas decisiones se destacan: la reparación de daños en divorcios cuando se demuestre violencia, la unificación de reglas para acceder a servicios en salud, la orden que obliga a los jueces a no impedir el acceso de la prensa a las audiencias preliminares y la sentencia que destrabó la integración de la Comisión de Disciplina Judicial, entre otras.
Modernización de la Corte
El aislamiento social obligó a adoptar otras medidas inmediatas. Estas incluyeron la reforma al reglamento interno, la incorporación de la firma electrónica, la migración de sistemas de información a versiones web y la creación de herramientas para votaciones electrónicas y el reparto de procesos. Uno de los principales cambios fue el paso a la remisión electrónica de tutelas que empezó a realizarse en todo el país a partir del 31 de julio y que permitió sustituir el envío por correo físico.
Tutela tramitadas
A la fecha se han recibido 150.000 tutelas de manera electrónica, de las cuales el 84 % se han enviado a través de una plataforma que desarrolló la Corte. Esta nueva forma de remisión aumentará la trazabilidad de las tutelas, liberará infraestructura física, eliminará trámites operativos, ahorrará más de $11.000 millones anuales al Estado en correo físico y generará menores impactos ambientales”.
Transformación digital
El segundo proyecto de transformación digital es la incubación de Pretoria, un sistema que apoyará en el proceso de selección de tutelas y que permitirá a la Corte adaptar su gestión a la demanda actual, que es 1900% mayor a la que se tenía hace 25 años. Dicho sistema, justamente, fue premiado la semana pasada por la Corporación Excelencia en la Justicia.
Cerca de los ciudadanos
Otra de las aristas de la modernización es el acercamiento a los ciudadanos. Para esto, se desarrollaron las siguientes estrategias que también fueron premiadas por el Departamento Administrativo de la Funciópn Pública: comunicación a comunidades indígenas, elaboración de material pedagógico, traducción de la Constitución en inglés y nuevos contenidos web. De este modo, resaltó la labor para promover la jurisprudencia en los debates globales, prueba de ello es la realización de la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.
Transparencia institucional
En materia de transparencia y fortalecimiento institucional se destacan las siguientes iniciativas: el ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto y estadísticas y bases de datos abiertos sobre la jurisdicción constitucional, así como la suscripción de un memorando de entendimiento con el Departamento de la Función Pública y el apoyo de USAID para generar recomendaciones sobre la gestión del proceso de tutela.
Retos pendientes
Para el 2021, deberán resolverse en el alto tribunal temas de trascendencia nacional, como son los expedientes relacionados con las curules derivadas del Acuerdo de Paz, el aborto, la cadena perpetua y los terrenos baldíos y la política de tierras sin titulación. Estos asuntos comportan tensiones entre múltiples derechos fundamentales y los principios que caracterizan un Estado social de derecho. También contienen problemáticas estructurales que han sido abordadas a lo largo de la jurisprudencia constitucional y respecto de las que comporta definir si el tratamiento otorgado resulta suficiente o adecuado para el contexto actual.
Tareas por resolver
Hay varios retos para consolidar la modernización de la Corporación, como: fortalecer la comunicación con los ciudadanos y los jueces, mejorar la relatoría para facilitar la búsqueda de información entre las más de 26.000 sentencias que se han proferido, mejorar los tiempos de publicación de los fallos proferidos por la Sala Plena y fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela.
