Oscar Arango Gaviria
Profesor UTP
Coordinador Proyectos regionales, SUEJE
En reciente evento la alcaldía de Pereira y los jóvenes de la Primera Línea suscribieron un acuerdo que también fue firmado, entre otros actores, por algunas universidades, la Sociedad en Movimiento, el Sena y el Comité Intergremial de Risaralda. Contó con el acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo.
En el marco de este pacto la alcaldía se comprometió a cumplir, en el corto plazo, con 29 puntos. Se espera que en el mediano plazo se cuente con nuevos temas de entendimiento.
De manera particular, en materia de empleo, se acordó 1. “generar 300 puestos de trabajo para jóvenes sin experiencia. Comenzando con una maratón de formación y postulación”; 2. “Asignación de 5 cupos en la feria Expocamello, para emprendimientos de los colectivos juveniles o integrantes de colectivos sociales”; 3. “Acompañamiento especializado a 50 proyectos dirigido a emprendimientos de los colectivos juveniles o integrantes de colectivos sociales”.
La alcaldía también se comprometió con la “certificación y formación de 70 jóvenes en competencias laborales por medio del SENA para los sectores agropecuarios, industrial y de comercio”, lo mismo que con “250 nuevos cupos para jóvenes de 14 a 28 años, en los programas de la Escuela de Formación Cultural” y en el “acompañamiento a 10 proyectos de emprendimiento cultural de los colectivos juveniles (asesoría en formulación y gestión de proyectos)”.
Para dimensionar estos compromisos que ayudan a desactivar temporalmente la inconformidad, conviene recordar que en junio de este año el Dane registró para el Area Metropolitana Centro Occidente un desempleo juvenil (14 a 28 años) del 25% y una proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan -NINI cercana al 27%.
Es urgente, por tanto, que en el diseño de la política pública de juventud que debe aprobarse cuanto antes, se reconozcan las brechas de género, de ingresos y de escolaridad que caracterizan los 22 mil desempleados juveniles.
También es importante incorporar el análisis de la informalidad y reconocer las particularidades de la zona rural, al tiempo que se mantiene una perspectiva metropolitana y regional. Estos componentes ayudarían a avanzar en la ruta del trabajo decente que se puede y se debe concertar.
Es claro que los jóvenes tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Por lo tanto, es fundamental contar con mecanismos propios de participación en la concepción y aplicación de medidas encaminadas a encarar la crisis de desempleo. Además, ellos aportan perspectivas que son críticas, orientadas hacia el futuro y basadas en sus experiencias particulares.
Atendiendo los resultados de una investigación realizada por la OIT (2020) se requieren, en todo caso, medidas para enfrentar la crisis derivada de la pandemia; medidas para proteger a los trabajadores juveniles y apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; medidas para impulsar los servicios de salud que afronten la crisis sanitaria, y medidas de gobernanza para impulsar la eficacia de las políticas.
Con su participación, los jóvenes contribuirán a la igualdad de acceso a la información, y a impulsar la rendición de cuentas y la coordinación de las respuestas gubernamentales previstas por ahora en el pacto con la alcaldía.
