Hambre y seguridad alimentaria

Adriana Vallejo
Columnista

Uno de los temas que más impacta de la pobreza es el hambre, el sufrimiento de las personas que no alcanzan a comer las raciones de alimentación que necesitan diariamente. Una tragedia que afecta a todos los miembros de los hogares, incluyendo los niños.
Esta semana el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron los resultados sobre el estado de seguridad alimentaria en Colombia. Mediante ocho preguntas de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2022) las dos entidades trabajaron para aplicar la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria.
La escala permite evaluar la situación de inseguridad alimentaria en hogares y en personas y mide el acceso de ellos a los alimentos en términos de cantidad y calidad. Los resultados muestran la situación de hambre que se viven en el país.
Según el DANE y la FAO, 28 de cada 100 hogares en el país enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, que esos colombianos han tenido que disminuir la cantidad o calidad de alimentos consumidos, al menos una vez en los últimos doce meses.
No han podido acceder a ellos por falta de dinero y por otras razones.
También encontraron que en cinco de cada 100 hogares se pasa literalmente ‘hambre’ por alguno de sus miembros durante todo un día. Más de 15,5 millones de personas están en inseguridad moderada y 2,6 millones en condición más severa.
Difícil romper el circulo vicioso de la pobreza cuando no se garantiza la seguridad alimentaria en las zonas con menor desarrollo y en los grupos de población más vulnerable. Los departamentos en los que hay más personas con hambre son: La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar, Choco y Arauca.
Los grupos sociales más afectados son aquellos con menores de edad, con personas con discapacidad, hogares con jefe de hogar femenino y familias que pertenecen a minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes).
No solo en La Guajira se debe decretar la emergencia social y económica. Se requiere perentoriamente proyectos de inversión focalizada para aliviar la situación en el corto plazo en esas regiones y en esos grupos poblacionales. Igualmente, una política de mediano y largo plazo de producción, abastecimiento, logística y distribución de alimentos para todo el territorio nacional.

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