La Fiscalía General de la Nación ha solicitado la prisión preventiva para Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, debido a su presunta implicación en un escándalo de corrupción que ha afectado al Gobierno y al Congreso de Colombia.
El ente acusador radicó este jueves una “solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad” contra López, Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero. La Fiscalía argumenta que estas personas “serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira (norte)”.
La Fiscalía planea imputarles los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Un Escándalo Creciente
El escándalo se desató cuando medios locales informaron sobre la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas de La Guajira. Además, se reveló que fondos de la UNGRD fueron utilizados para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name del partido Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
En respuesta a estas acusaciones, la Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que investigue la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados, basándose en las menciones, evidencia y elementos de prueba recopilados.
Reacciones del Gobierno
En mayo, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía que “investigue toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad”. Petro afirmó que “toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía”.
El mandatario ha pedido que se investiguen los contratos de la UNGRD correspondientes a los dos últimos años del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro años de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos años de su propio mandato.
