La reciente propuesta del comisionado de Paz, Otty Patiño, sobre la posibilidad de cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado una rápida y contundente respuesta de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). A través de un comunicado emitido esta semana, la CEJ refutó categóricamente la sugerencia, calificándola como una muestra de “desconocimiento de la Constitución Política de Colombia” y advirtiendo sobre las graves repercusiones que tendría para la estabilidad institucional del país.
El pronunciamiento de la CEJ surge tras las declaraciones de Patiño el pasado 24 de septiembre, donde señaló que el Gobierno estaba considerando cerrar de forma definitiva la JEP. Según el comisionado, la justicia ordinaria podría asumir los casos vinculados al conflicto armado si se le otorgara mayor fortaleza y flexibilidad territorial. Estas declaraciones despertaron preocupación en varios sectores, especialmente en aquellos comprometidos con la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“La CEJ llama la atención de los funcionarios del alto gobierno para que se respete la justicia y los principios de su autonomía e independencia, así como su libre ejercicio al representar una de las ramas más importantes del Poder Público”, expresó la corporación en su comunicado, haciendo un llamado a la reflexión sobre los riesgos que implicaría debilitar una institución tan relevante como la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada como parte fundamental del Acuerdo de Paz, tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Además, su misión incluye garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, la CEJ defendió su legitimidad institucional y subrayó que la JEP constituye un “órgano trascendental dentro de la estructura del Estado Social de Derecho”.
El comunicado también resaltó que el periodo de funcionamiento de la JEP está claramente establecido en el Acuerdo de Paz, por lo que cualquier intento de cerrar este órgano o modificar sus competencias sería una violación de sus funciones constitucionales. En ese sentido, la CEJ puntualizó que “cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y su sustitución, generando gran inestabilidad institucional”.
Este llamado de atención de la CEJ representa una defensa férrea de la institucionalidad y el proceso de justicia transicional en Colombia, que busca consolidar una paz duradera tras décadas de conflicto armado. Con su declaración, la corporación subraya la importancia de respetar el marco constitucional y evitar decisiones que puedan socavar el delicado equilibrio alcanzado tras años de negociación y esfuerzo en la búsqueda de la reconciliación nacional.
El debate sobre el futuro de la JEP está lejos de concluir, y este posicionamiento de la CEJ podría influir en las discusiones que se mantendrán en el seno del Gobierno y las instituciones judiciales sobre el papel y la continuidad de este tribunal. Las voces de las víctimas y organizaciones de derechos humanos seguirán siendo clave en esta conversación, en la que está en juego no solo la justicia para las víctimas del conflicto, sino también la preservación del Estado Social de Derecho en Colombia.
