En medio de la reciente controversia sobre posibles manejos irregulares de fondos de salud, Coosalud EPS ha salido al paso de las acusaciones que la vinculan con transferencias de recursos a paraísos fiscales. La polémica se desató luego de que el presidente Gustavo Petro aludiera a la posibilidad de que algunas EPS estuvieran desviando dinero público hacia cuentas en el extranjero, una acusación que apunta directamente a la supuesta participación de altos funcionarios en prácticas de corrupción dentro del sistema de salud.
Coosalud, en respuesta, ha emitido un extenso comunicado de trece puntos en el que rechaza enfáticamente estas afirmaciones y solicita que se le permita defender su posición ante la Superintendencia Nacional de Salud. Con más de 3.2 millones de afiliados, Coosalud es la única de las EPS investigadas que no está bajo intervención estatal, y se muestra decidida a limpiar su nombre, argumentando que no existen pruebas concretas de que sus recursos hayan sido desviados hacia cuentas offshore.
En el comunicado, Coosalud hace referencia a los mecanismos de control y transparencia implementados por la Ley 1122 de 2007, que obliga a las EPS a manejar sus recursos a través de una cuenta maestra supervisada por la ADRES, la entidad encargada de la administración de recursos de la seguridad social en Colombia. Según la EPS, estos fondos están restringidos y sólo pueden ser utilizados para pagos autorizados a prestadores de servicios de salud y otros proveedores regulados. Por tanto, aseguran que es imposible que los recursos destinados a la salud se destinen a cuentas en el exterior.
Entre los puntos más relevantes, la EPS también ha respondido a los señalamientos sobre Mario Andrés Urán, un asesor externo cuyo nombre apareció en los informes de la Supersalud. Coosalud reconoce que Urán tenía un contrato de prestación de servicios, pero subraya que cualquier actividad ilícita o incorrecta de su parte no tiene vínculo directo con la empresa. Ante los cuestionamientos, la EPS ha optado por finalizar el contrato con Urán y se ha declarado víctima de sus supuestas acciones, solicitando además ser parte de la investigación que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, Coosalud ha presentado un recurso ante la Supersalud para obtener el informe de auditoría en el que se basan las investigaciones, afirmando que hasta ahora no han recibido respuesta. La EPS insiste en que el proceso de investigación debe ser justo y que se debe respetar su derecho a la defensa, invocando las garantías establecidas en la Constitución y la normativa de supervisión.
En este escenario de tensiones, Coosalud reitera que sus operaciones están alineadas con la ley y espera que las autoridades evalúen de forma transparente cada uno de los puntos expuestos.
