La Comunidad Andina le dio la razón a Colombia al aprobar el uso de la licencia obligatoria para la distribución del medicamento genérico Dolutegravir, un retroviral esencial en el tratamiento del VIH, entre los sectores más vulnerables del país. Este fallo, que respalda la decisión del gobierno colombiano, permite que el medicamento sea accesible a migrantes venezolanos, personas recién diagnosticadas con VIH, aquellos con falla virológica y quienes requieren profilaxis post exposición.
El dictamen de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) concluyó que Colombia no ha incumplido sus compromisos ante el órgano regional en materia de propiedad industrial, al tomar esta medida para hacer frente al creciente número de casos de VIH y mejorar el acceso al tratamiento. Esta resolución se produjo después de que los titulares de la patente del Dolutegravir interpusieran un reclamo, argumentando que el gobierno colombiano no estaba respetando las disposiciones de la Decisión 486, que regula la propiedad industrial en la Comunidad Andina.
La controversia surgió en abril de 2024, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia otorgó al Ministerio de Salud y Protección Social una licencia no comercial para importar y producir el genérico del Dolutegravir, lo que permitiría que el costo del medicamento se redujera considerablemente. Mientras el Dolutegravir de marca tiene un precio aproximado de $450.000, la versión genérica se distribuirá a un costo de apenas $15.000 por un tratamiento mensual.
El fallo de la SGCAN considera que el gobierno colombiano actuó dentro de los márgenes establecidos por el artículo 65 de la Decisión Andina 486, que permite la emisión de licencias obligatorias bajo circunstancias excepcionales, como la necesidad de acceso urgente a medicamentos esenciales para la salud pública. Además, la comunidad Andina señaló que la duración de la licencia puede variar según la situación de salud pública, lo que justifica la flexibilidad en los términos de la medida.
Este dictamen se presenta como un paso importante para garantizar el acceso al tratamiento del VIH en Colombia, especialmente en un contexto donde el aumento de casos nuevos, que en 2022 llegó a 9.389, es una preocupación constante. La medida busca reducir esta cifra al facilitar el acceso al tratamiento para aquellos más necesitados, contribuyendo al control de la epidemia en el país.
