La más reciente propuesta del Gobierno Nacional para modificar el esquema de retención en la fuente ha desatado una tormenta política. Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, se convirtió este lunes en una de las voces más críticas frente a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda, calificando al presidente Gustavo Petro de “irresponsable” en un mensaje contundente publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
La controversia estalló tras conocerse, a través de medios como Blu Radio y La Silla Vacía, que el Ejecutivo alista un decreto con el que pretende aumentar las tarifas de retención en la fuente, además de reducir el umbral mínimo para que se aplique este mecanismo de recaudo anticipado. Esta movida tributaria busca “cuadrar caja” y hacer frente al déficit fiscal que enfrenta el país.
Sin embargo, el anuncio ha generado un aluvión de críticas desde distintos sectores, al considerar que golpeará especialmente a pequeñas y medianas empresas, así como a sectores económicos sensibles. Actividades productivas como el cultivo de arroz, tabaco, café, legumbres y caña de azúcar, por ejemplo, verían duplicada su retención del 0,55% al 1,20%, lo que supondría una carga adicional en medio de una economía ya presionada por la inflación y la desaceleración del crecimiento.
Ante este panorama, Miranda no dudó en lanzar fuertes cuestionamientos. “¡Esto realmente es el colmo! Se gastan más de 11 millones de dólares en casas de mentiras en Japón, $600.000 millones en una consulta para hacer campaña y quieren desfinanciar el próximo gobierno. ¡El presidente no puede ser más irresponsable!”, expresó, en referencia al gasto del Gobierno en la Casa Colombia en Osaka y otros desembolsos considerados por ella como innecesarios.
Las declaraciones de la congresista reflejan el creciente malestar político en torno a las prioridades presupuestales del Gobierno Petro, al que le restan 16 meses de mandato. Críticos argumentan que el incremento en la retención en la fuente no solo representa una mayor presión sobre el tejido empresarial del país, sino que también pone en duda la sostenibilidad fiscal de la próxima administración, al aplicar medidas que comprometen ingresos futuros.
El Ministerio de Hacienda, ahora liderado por Germán Ávila, ha defendido la propuesta como una necesidad urgente para asegurar la financiación de los programas sociales y atender compromisos del Estado. Sin embargo, ya existen precedentes que alimentan la desconfianza. En 2023, una decisión similar provocó una reducción en los ingresos de 2024, debido al anticipo en el uso de recursos, lo que fue reconocido incluso por el presidente Petro como un “error administrativo”.
El debate apenas comienza y se espera que en los próximos días tanto el Congreso como distintos gremios productivos eleven su voz frente a un decreto que podría cambiar de forma sustancial la forma en que el Estado recauda impuestos. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y el pulso entre el Ejecutivo y la oposición promete intensificarse.
