El Congreso le asestó este martes un duro golpe al Gobierno del presidente Gustavo Petro: la reforma tributaria —presentada por el Ejecutivo como ley de financiamiento— fue hundida en la Comisión Cuarta del Senado, dejando en vilo la reforma a la salud, cuya viabilidad financiera dependía en buena parte de los recursos que pretendía recaudar ese proyecto.
La decisión agrava el pulso político entre el Gobierno y el Legislativo, y reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo para resolver el hueco fiscal sin vulnerar los límites constitucionales.
Se hunde la tributaria: tres semanas de agonía
Tras tres semanas de discusiones, suspensiones por falta de quórum y tensiones soterradas, la Comisión Cuarta del Senado negó la ponencia positiva de la reforma tributaria con 9 votos en contra y solo 4 a favor. Con ello se vino abajo el proyecto con el que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año, fijado en 546,9 billones.
La iniciativa había sido defendida en la sesión por congresistas del Pacto Histórico, entre ellos el representante Jorge Bastidas, quien recordó que el Congreso ya había aprobado el presupuesto contando con esos recursos adicionales:
Bastidas reclamó que el Legislativo “sabía que era necesaria la ley de financiamiento para garantizar el monto fijado en 546,9 billones”, con obligaciones que incluyen deuda pública, Sistema General de Participaciones y compromisos con pensionados.
La senadora Sonia Bernal también salió en defensa del proyecto, destacando que uno de los capítulos buscaba optimizar el recaudo de la Dian sin crear nuevos impuestos, es decir, mejorar la eficiencia tributaria más que aumentar la carga.
Pese a esos respaldos, las mayorías se inclinaron por el hundimiento. Votaron a favor de la reforma Aída Avella, Laura Ester Fortich, Claudia Pérez y Jhon Jairo Roldán, mientras que por el archivo lo hicieron John Moisés Besaile, Enrique Cabrales, Richard Fuelantala, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos, Angélica Lozano, Carlos Meisel, Samy Merheg y Paulino Riascos.
El impacto sobre la reforma a la salud
El golpe no es solo fiscal. La suerte de la reforma a la salud quedó aún más comprometida. Como había advertido desde octubre la senadora Nadia Blel, parte de los recursos para sostener el nuevo modelo de salud estaba atada a la ley de financiamiento.
Por esa razón, el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, anunció que citarán al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que explique cómo pretende el Gobierno mantener en pie la reforma a la salud sin los 16,3 billones que esperaba conseguir con la tributaria.
En la Comisión Séptima, el ambiente es de bloqueo. El proyecto de la reforma a la salud lleva semanas en un limbo: el orden del día ni siquiera pudo aprobarse en la última sesión, en medio de discusiones sobre si era responsable avanzar sin tener claridad sobre la financiación.
Senadores como Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Alirio Barrera (Centro Democrático) insistieron en que no se debería debatir una reforma que “no tiene financiamiento”, mientras que las bancadas cercanas al Gobierno intentaban reactivar el trámite. El resultado fue una jornada de reclamos cruzados, mociones de orden y cero decisiones de fondo.
La tensión escaló al punto que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, terminó abandonando el recinto, argumentando que “no hay interés en discutir la reforma”. Aun así, insistió en que el hundimiento de la tributaria no pone en riesgo la financiación del proyecto, pues habría ingresos fijos como el llamado “impuesto saludable”:
“Les hicimos llegar un informe diciendo claramente que si no se llegaba a aprobar la Ley de Financiamiento, eso no afectaba de ninguna manera el tema de la salud”, sostuvo Jaramillo.
Sin embargo, la incertidumbre domina. La reforma, bandera social del Gobierno, se mantiene en la cuerda floja.
“Odio político”: la respuesta de Petro
El presidente Gustavo Petro reaccionó rápidamente a la derrota en el Congreso. En un mensaje publicado en su cuenta de X, calificó el hundimiento de la ley financiera como “el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”.
Para el mandatario, en una economía que considera “boyante”, tiene sentido exigir más aporte a los “megarricos”, a quienes señala de haber duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública:
“Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”, escribió.
Petro advirtió que “si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres”, y aseguró que mientras él esté en el poder no permitirá que sean los sectores más vulnerables quienes asuman el costo del ajuste.
El presidente también dejó entrever que este desenlace podría acelerar la toma de decisiones “imprevisibles”, en referencia a la posibilidad de declarar una emergencia económica, una carta que el Gobierno ya había insinuado si el Congreso hundía la tributaria.
¿Emergencia económica en el horizonte?
La idea de una emergencia económica está sobre la mesa, pero genera un fuerte rechazo en buena parte del Congreso y entre expertos. La senadora Angélica Lozano fue tajante al afirmar que el hundimiento de la ley de financiamiento no constituye un hecho sobreviniente, extraordinario ni imprevisible, como exigen los artículos 215 y 341 de la Constitución para decretar un estado de excepción.
“La decisión soberana del Congreso —mayorías, derrotas o modificaciones— no configura una crisis: configura el ejercicio normal de la democracia”, dejó constancia Lozano, advirtiendo que no se puede usar una emergencia para “corregir” o sustituir la voluntad del Legislativo ni para imponer tributos por vía excepcional.
En la misma línea, el representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) recordó que las emergencias económicas están pensadas para hechos extraordinarios, como la pandemia, y no para resolver derrotas políticas en el Congreso:
“Para un decreto de emergencia económica el gobierno no tiene facultades. Eso no es para jugar”, advirtió, al tiempo que vaticinó que, si se forzara esa vía, la Corte Constitucional podría tumbar la medida.
El senador Carlos Meisel, por su parte, consideró una “pésima idea” acudir a la emergencia y sostuvo que el Gobierno debe “ajustar sus derroches y malas gerencias”, asegurando que el país “no aguanta más impuestos” y que la reforma tributaria “asfixiaba” a la clase media.
Desde el sector técnico, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, planteó que la salida lógica es un recorte presupuestal, tal como ocurrió tras la caída de la ley de financiamiento de 2024. Recordó que los 16,3 billones que no se recaudarán representan menos del 3 % del PGN, por lo que no sería sostenible argumentar que esa cifra, por sí sola, compromete la estabilidad fiscal del país.
El Gobierno busca alternativas
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó con dureza la decisión de los 9 senadores que votaron contra la ley de financiamiento y aseguró que esa determinación “desconoce” lo aprobado previamente por las plenarias de Cámara y Senado, que ya habían incorporado esos recursos al presupuesto de 2026.
Ávila anunció que el Gobierno evaluará medidas para mantener la estabilidad fiscal y garantizar el financiamiento de los programas sociales y del Plan Nacional de Desarrollo:
“No se descontará ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación para el año entrante y las metas sociales”, subrayó.
En la práctica, el Ejecutivo queda ahora frente a un complejo tablero: recortar gasto, replantear proyectos, insistir en una nueva iniciativa fiscal o tensar aún más la cuerda institucional con la figura de la emergencia económica.
Panorama político: reformas en jaque
Con la tributaria enterrada y la reforma a la salud empantanada, el gobierno de Petro enfrenta uno de sus momentos más difíciles en el Congreso. La correlación de fuerzas muestra a un Legislativo reacio a seguir aprobando las grandes reformas estructurales del Ejecutivo, y a unas bancadas de oposición y de centro cada vez más articuladas frente a los proyectos que implican más impuestos o cambios profundos en el sistema de salud.
Mientras tanto, el país entra en una fase de incertidumbre: el Gobierno insiste en que necesita recursos para cumplir su agenda social, y el Congreso recuerda que, en democracia, los impuestos y el presupuesto pasan —sí o sí— por el tamiz del debate político. En medio de ese pulso, la pregunta que queda en el aire es si habrá espacio para un nuevo pacto fiscal o si el choque de trenes apenas está comenzando.
