El recrudecimiento de la violencia de género sacude el inicio de 2026 en Colombia

El comienzo de 2026 está marcado por una alarmante escalada de la violencia de género en Colombia. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de hechos extremos contra mujeres y personas de la población LGBTIQ+, luego de que en la primera semana del año se registraran al menos ocho feminicidios, dos transfeminicidios, dos tentativas de feminicidio contra mujeres trans, una masacre de tres mujeres y el asesinato de un hombre gay.

De acuerdo con la entidad, las cifras son preliminares y continúan en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. No obstante, el balance inicial refleja un panorama preocupante sobre la persistencia y agravamiento de las violencias basadas en género en distintas regiones del país.

La organización defensora de derechos humanos Caribe Afirmativo, especializada en la protección de la población LGBTIQ+, también alertó que en lo corrido de 2026 ha documentado dos asesinatos de personas pertenecientes a esta comunidad, lo que refuerza las advertencias sobre los riesgos que enfrentan estos grupos.

Uno de los casos más recientes es el de Heilly Marcela, una mujer trans habitante de calle que fue hallada sin vida el pasado 9 de enero en la comuna 15 de Cali. Días antes, en Bogotá, Catia, una joven trans de 20 años, fue asesinada, convirtiéndose en otro de los hechos que estremecieron a organizaciones sociales y colectivos defensores de derechos humanos.

La violencia también golpeó con fuerza al suroccidente del país. En Santander de Quilichao se registró la primera masacre del año, en la que tres mujeres fueron asesinadas en hechos ocurridos en diferentes momentos y contextos, pero que evidencian la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia armada y criminal.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente al Estado para reforzar las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas, así como para garantizar investigaciones rápidas y efectivas que eviten la impunidad. Organizaciones sociales, por su parte, insisten en que estos crímenes no son hechos aislados, sino la expresión de una crisis estructural que sigue cobrando vidas en Colombia.

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