El gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder con un discurso centrado en la construcción de una “sociedad del conocimiento” y con ambiciosas promesas para transformar el sistema educativo colombiano. Sin embargo, a poco tiempo de finalizar su mandato, un informe de El Colombiano advierte que al menos diez de esos compromisos no se han cumplido, generando efectos directos en estudiantes, docentes, becarios y en la calidad de la educación en el país.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al presupuesto. Aunque para 2025 el sector educativo alcanzó una cifra histórica de 79,2 billones de pesos, cerca del 92% de esos recursos se destina a gastos de funcionamiento y solo un 8% a inversión real. Expertos advierten que esta distribución limita mejoras en calidad, acceso e infraestructura, especialmente en zonas rurales y poblaciones vulnerables.
A esto se suma la reducción sostenida en las matrículas de educación básica oficial. Las cifras muestran caídas consecutivas entre 2022 y 2024 tanto en primaria como en secundaria, mientras que el sector privado, tras leves crecimientos, también empezó a registrar descensos. Este fenómeno refleja, según analistas, una pérdida de confianza en el sistema público y mayores dificultades de acceso para familias de menores ingresos.
En educación superior, los recortes a programas emblemáticos han sido otro punto crítico. La suspensión de recursos para Colfuturo y los ajustes al convenio con Fulbright redujeron de manera significativa las oportunidades de estudios de posgrado en el exterior, afectando principalmente a jóvenes de estratos bajos y medios, que históricamente habían sido los mayores beneficiarios de estas becas.
El Icetex, eje central de las promesas de campaña, también enfrenta fuertes críticas. Aunque el presidente Petro anunció la condonación de deudas, solo poco más de 8.000 jóvenes han recibido alivios frente a casi 900.000 con créditos activos. Además, la eliminación del subsidio a la tasa de interés incrementó las cuotas hasta en un 90%, profundizando la carga financiera sobre los estudiantes.
En materia de infraestructura educativa, el panorama tampoco es alentador. De los 130 proyectos anunciados en 25 departamentos, apenas seis nuevas construcciones han sido finalizadas. Retrasos administrativos, problemas en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y cuestionamientos a su gestión han frenado el avance de obras clave.
Las universidades públicas han vivido tensiones por decisiones del Ministerio de Educación, especialmente en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, donde se denunciaron afectaciones a la autonomía universitaria. A ello se suman investigaciones en instituciones privadas por presuntas irregularidades académicas.
El SENA, por su parte, continúa enfrentando denuncias de politización y falta de renovación en su dirección, mientras que el cambio en el modelo de salud del magisterio derivó en un déficit de 2,7 billones de pesos en el Fomag, generando preocupación entre docentes y sindicatos.
Otros frentes como el emprendimiento, la innovación y la primera infancia también han sufrido recortes. Entidades como iNNpulsa y el ICBF vieron reducidos sus presupuestos, afectando programas de apoyo a jóvenes, emprendedores y niños.
Finalmente, promesas como la convocatoria para vincular doctores al Estado no arrojaron resultados concretos, y las cifras oficiales sobre nuevos cupos en educación superior han sido cuestionadas por expertos, que señalan confusión entre estudiantes matriculados y cupos realmente creados.
