La Nueva EPS encendió las alarmas sobre su situación financiera tras advertir que enfrenta embargos judiciales que superan los 2 billones de pesos, una cifra que, según la entidad, compromete de manera directa su operación y la prestación de servicios de salud a más de 11,7 millones de afiliados en todo el país.
La advertencia se conoció luego de que se registraran múltiples quejas de usuarios en distintas regiones, relacionadas con demoras y dificultades en la atención. Frente a este panorama, la EPS informó que los embargos han sido ordenados por cuatro juzgados y que recaen principalmente sobre recursos destinados a garantizar la atención en salud.
De acuerdo con la entidad, las medidas judiciales se concentran en cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que interpusieron demandas en el marco del proceso de intervención de la Nueva EPS. Según el reporte oficial, aproximadamente el 80 % de estas IPS corresponden a las principales instituciones privadas del país.
Los juzgados que concentran el mayor número de embargos son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La EPS detalló que el monto de los embargos ha venido creciendo de manera acelerada. En noviembre de 2025, la cifra se había duplicado al pasar de 422.000 millones de pesos a 887.000 millones. Sin embargo, el valor actual asciende a $2.125.890.449.360, es decir, más del doble del monto reportado hace apenas dos meses.
Según la entidad, esta situación “compromete directamente toda la operación de la EPS”, afectando el flujo de recursos necesarios para el pago a prestadores, la continuidad de tratamientos y la garantía del servicio a los afiliados. Por ello, reiteró los llamados a las autoridades judiciales y a los distintos actores del sistema para proteger los recursos que aseguran la prestación de los servicios de salud.
La Nueva EPS insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan equilibrar el cumplimiento de las decisiones judiciales con la sostenibilidad del sistema y la protección del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.
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