Las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify encendieron las alarmas tras la radicación en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que podría significar su salida definitiva del país. La iniciativa plantea una prohibición expresa de estas aplicaciones, actualmente sin regulación formal, y establece un endurecido régimen sancionatorio que no solo afectaría a conductores y empresas, sino también a los usuarios.
El proyecto redefine como “servicio ilegal de transporte” toda movilización de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. En ese marco, se contemplan multas que pueden alcanzar hasta los 726 millones de pesos, además de la inmovilización de los vehículos involucrados. Para la primera infracción, el automotor podría ser retenido hasta por 60 días, periodo que aumentaría a 90 días en la segunda y a 120 días en las siguientes.
Uno de los puntos más controvertidos es que las sanciones no se limitarían a quienes conducen. El texto establece que las personas naturales o jurídicas que “permitan, faciliten, estimulen, propicien, autoricen, contraten o exijan” este tipo de servicios se enfrentarán a multas de 390 UVB por cada evento, equivalentes a cerca de 4,7 millones de pesos por viaje. Esto incluiría a usuarios, plataformas digitales, propietarios de inmuebles e incluso edificios donde se preste el servicio.
El artículo 68 del proyecto va más allá al calificar estas actividades como una posible alteración del orden público, lo que obligaría a la Policía Nacional y a los alcaldes a priorizar su persecución. Además, la iniciativa faculta a las autoridades a ordenar el cierre de plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial, una medida que ha generado fuertes críticas desde distintos sectores.
Desde la industria, las reacciones no se hicieron esperar. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, calificó la propuesta como “un intento de prohibición autoritario y regresivo” que, según advirtió, pondría en riesgo cientos de miles de empleos y afectaría libertades individuales. En declaraciones a Blu Radio, López señaló que los usuarios también quedarían expuestos a investigaciones administrativas y sanciones económicas por cada viaje realizado.
Otro punto polémico aparece en el artículo 69, que prohíbe a congresistas y funcionarios públicos pronunciarse a favor del uso de estas plataformas. Para López, esta disposición constituye un acto de censura al impedir que servidores públicos expresen opiniones que puedan legitimar o promover estos servicios.
Las cifras dimensionan el impacto de la iniciativa: solo en 2024, cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores prestaron al menos un servicio mediante plataformas digitales, mientras que unos 200 mil taxistas también se vincularon a estas aplicaciones. El proyecto, además, permitiría imponer restricciones especiales en zonas de alta demanda como aeropuertos, puertos, terminales y centros comerciales.
La discusión sobre el futuro de la movilidad digital en Colombia entra así en un momento decisivo. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mayor control y regulación, las plataformas y sus usuarios advierten que el proyecto podría significar un retroceso en materia de innovación, empleo y derechos, dejando en vilo a miles de familias que dependen de este modelo de transporte.
