El Consejo de Estado abrió formalmente el estudio de una demanda de nulidad parcial contra la Resolución 10142 de 2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores, acto administrativo que modificó el manual de funciones del servicio exterior y suprimió, para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, la exigencia de acreditar dominio de un segundo idioma.
La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), que cuestiona la legalidad de la modificación y sostiene que eliminar el requisito lingüístico desajusta el perfil técnico del cargo frente a funciones propias de la representación diplomática, como la participación en escenarios multilaterales, la negociación y la interlocución con gobiernos extranjeros. Según la fundación, la medida podría impactar la eficiencia administrativa y elevar costos por una mayor dependencia de traductores.
En el centro de la controversia está el cambio introducido en el apartado de “conocimientos” del cargo. La demanda pide anular parcialmente el segmento que retiró la obligación de hablar y escribir, además del español, inglés u otra lengua oficial de Naciones Unidas, o el idioma del país de destino.
El expediente fue admitido por la Sección Segunda del alto tribunal, lo que activa el trámite judicial: notificación a Cancillería, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y traslado para que las entidades se pronuncien dentro de los términos procesales.
La discusión llega en medio de una polémica pública previa: organizaciones del cuerpo diplomático ya habían advertido que retirar el requisito de idioma podía representar un retroceso en estándares profesionales para el ejercicio de la política exterior.
Qué sigue: con la admisión, el Consejo de Estado no está decidiendo aún el fondo. El proceso entra a fase de contestación, debate probatorio y, finalmente, decisión sobre si el aparte demandado se mantiene o se anula por contrariar normas superiores y/o por vicios en el procedimiento de expedición.
