Fabian Henao Ocampo
El Tribunal Supremo Popular de China acaba de marcar un punto de inflexión definitivo en la lucha contra el abuso infantil, elevando este delito a la categoría de “extrema vileza” y al establecer la pena de muerte sin posibilidad de reducción de condena ni indulgencia ante este delito. Asi el Estado chino busca castigar y erradicar la impunidad para quienes vulneran a los menores de edad. Esta medida, anunciada hace una semana, consolida una política de tolerancia cero que coloca la integridad de la infancia por encima de cualquier consideración de rehabilitación para el agresor.
Esta ofensiva legal no es una reacción aislada, sino una respuesta directa a la sofisticación del crimen en la era digital. Las autoridades han detectado un alarmante aumento de delitos cometidos a través de plataformas tecnológicas y redes sociales, donde el anonimato y el engaño facilitan el abuso a los niños, según el gobierno Chino a este problema hay que darle solución inmediata.
Los antecedentes demuestran que el gobierno chino no teme ejecutar estas sentencias para enviar un mensaje de disuasión absoluta. Con esta nueva orden, el Gobierno busca blindar jurídicamente la protección de los niños, dejando claro que no habrá beneficios legales, clemencia ni conmutación de penas que diluyan la severidad de la sanción máxima. Todos quedan advertidos, los niños no se tocan.
La medida, por su puesto ha encendido el debate internacional sobre los derechos humanos y la efectividad de la pena de muerte como mecanismo de prevención. Sin embargo, para el gobierno de ese país, la seguridad de los niños es irrenunciable. En Colombia son 20 mil casos anuales de abuso sexual contra menores; la máxima pena es de hasta 60 años de prisión y si el agredido es menor de 14 años no se contempla la rebaja de la pena en ningún caso.
