James Fonseca
Transparencia por Colombia ha presentado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) donde el país cerró 2025 con solo 37 puntos sobre 100 por lo que cayó del puesto 92 al 99 entre 182 países. No es un dato aislado: es la confirmación de un deterioro persistente en la confianza ciudadana frente a la integridad pública. No es un dato menor que, según Invamer (junio de 2025), el 83 % de los colombianos considere que la corrupción está empeorando.
Los acontecimientos del año explican esa percepción. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con investigaciones por presunto direccionamiento de contratos y decisiones judiciales contra exministros, marcó la agenda pública. A ello se sumaron investigaciones por presuntos intercambios indebidos entre apoyo político y contratación.
Más allá de cada expediente, el efecto acumulado fue el deterioro de la confianza. El IPC no mide condenas, sino percepciones, y las percepciones se construyen sobre la reiteración de escándalos y la sensación de respuestas insuficientes.
En este contexto, Transparencia por Colombia ha sido enfática en que el país no puede seguir apostando por medidas fragmentadas o discursos de campaña. La lucha contra la corrupción exige liderazgo ético y una política pública integral.
Como lo expresó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia: “Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo. El próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un país más justo y transparente”.
Los 37 puntos perdidos también interpelan a los territorios. En Risaralda, donde la contratación pública moviliza recursos significativos en infraestructura, educación, salud y servicios públicos, la transparencia no es opcional. Cada licitación, cada contrato y cada concesión son escenarios donde se juega la integridad pública.
La corrupción local no siempre aparece en titulares nacionales. A veces se manifiesta en pliegos hechos a la medida, concesiones innecesarias o incumplimientos contractuales sin consecuencias; que son menos visibles, pero igualmente dañinas.
Si Colombia obtuvo 37 puntos, Risaralda debe preguntarse qué está haciendo para no contribuir a ese promedio. La responsabilidad no es solo del próximo gobierno nacional, sino también de gobernadores, alcaldes, concejales y, sobre todo, de la ciudadanía.
Porque la corrupción no es sólo un número. Es la obra inconclusa, el recurso que no llega y la oportunidad que se pierde. Y la censura debe comenzar en casa.
