Esta iniciativa representa una experiencia pionera de colaboración entre gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de agilizar la identificación de víctimas y superar el rezago forense mediante ciencia avanzada.
El contexto jurídico que da origen a la entrega que tuvo lugar ayer en la sede de Medicina Legal de la ciudad, obedece a la respuesta que el departamento de Risaralda debía dar al Auto SAR AI-073 emitido el tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP), en la Sección de Primera Instancia el 17 de noviembre de 2022, para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad que establece directrices específicas para los departamentos del eje cafetero. En representación de la JEP, la magistrada María del Pilar Valencia, comenzó por describir el orgullo que siente porque este logro se dé precisamente en su tierra y destacó esta obra como un compromiso de Estado para enfrentar el reto de la desaparición forzada en Colombia.
“El proyecto no se limita a la infraestructura física, sino que se fundamenta en un enfoque territorial y humanitario que busca garantizar los derechos a la verdad y la reparación integral”. Además, la magistrada señaló que estos esfuerzos institucionales son una respuesta directa a las medidas cautelares de la Justicia Transicional y a la persistente lucha de las organizaciones de víctimas. Finalmente, se presentó este fortalecimiento técnico como una semilla para la paz, proyectando la expansión de estas capacidades a otras regiones como Soacha, en las que próximamente también se podrá honrar la dignidad humana.
Respuestas
La creación de este laboratorio no es un acto aislado, responde al cumplimiento de una medida cautelar nacional para proteger 16 lugares en el país y responder a la falta de capacidad de identificación en las regiones. Además, busca atender las demandas de la justicia transicional que superan la infraestructura de la justicia ordinaria que permitirá procesos de identificación más ágiles y rigurosos. La obra da respuesta a órdenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y posiciona a Colombia como un referente mundial en la búsqueda de desaparecidos.
El diseño del proyecto contempla su permanencia más allá del mandato de la JEP, dado que el Sistema Integral para la Paz tiene una temporalidad fija, este tipo de obras quedarán funcionando para fortalecer el Estado a largo plazo y que la búsqueda de desaparecidos sea una responsabilidad institucional sostenida, no una acción momentánea que obedece solo a órdenes judiciales.
Cooperación interinstitucional
Para este laboratorio se articularon recursos, voluntades políticas y mesas técnicas. La obra requirió tres años de encuentros para adecuar la institucionalidad nacional y regional, Pereira se suma a los centros de Barranquilla y Medellín. El gobernador de Risaralda explicó: “Logramos invertir más de $1.211 millones. Destinamos $762 millones a la ampliación y mejoras locativas con un nuevo módulo de 80 metros cuadrados, y $448 millones para adquirir 38 equipos biomédicos de última tecnología, con un grupo técnico y científico del Instituto, para apoyar también a los otros departamentos vecinos. Más que procedimientos se trata de cerrar heridas y ofrecer un poco de paz”.
“Los años de ausencia de una capacidad especializada en Antropología Forense en la región representó una limitación estructural para atender con mayor oportunidad los procesos de búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna”. Ariel Emilio Cortés, director nacional de Medicina Legal.
“Hoy consolidamos una capacidad institucional al servicio de la verdad, la justicia y la dignidad humana”. María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP.
Participación de las Víctimas
El impulso fundamental provino de la persistencia de organizaciones como el Movice y el Cabildo Indígena de San Lorenzo, quienes actuaron como motores contra la impunidad. El Laboratorio se establece como un eje central para los derechos a la verdad, la memoria y la entrega digna. En la entrega estuvieron presentes las señoras Idalí Londoño Ruiz, coordinadora de la Mesa departamental de Víctimas: “Para nosotros es un logro muy grande al sistema integral de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, porque lo venimos trabajando hace muchos años tratando de que el Laboratorio llegara al eje cafetero, porque muchas veces las víctimas no contaban con los pasajes para ir a Bogotá, ahora podemos tomar muestras y cotejarlas”.
De otra parte, Oneyda Tatiana Hernández Delgado, coordinadora por el hecho de desaparición forzada en la Mesa municipal y departamental, hija y hermana buscadora desde hace 37 años. “Ha sido un proceso muy difícil, una lucha solitaria, soy buscadora empírica. Hago un llamado a las instituciones para que trabajemos de manera articulada. Esto es un avance, pero necesitamos mucho más”.
¿Sabía usted qué?
Desde septiembre del año pasado opera en Pereira, la Fiscalía de la JEP. El fiscal de apoyo dos, Henry Anibal Romaña Asprilla habló sobre la función de esta sede: “La Unidad de Investigación y Acusación, está ubicada en Pinares, carrera 17 #9 – 70. Somos los encargados de las investigaciones y de la persecución penal cuando los comparecientes no aceptan responsabilidad. Adelantamos los procesos apoyando a los magistrados, trabajamos articulados con todas las instituciones, en especial con la UBPD. Las personas interesadas tienen las puertas abiertas en la Unidad”.
El laboratorio se integra como un nodo crítico en una red nacional de ciencia forense que amplía el análisis científico, la custodia digna de restos humanos y la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas (UBPD).
“Es un lugar de servicio para el derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos, combatiendo el negacionismo en la sociedad”.
