James Fonseca
El Diario del Otún publicó una fotografía del punto inicial de la segunda calzada entre “La Postrera” y las calles de Santa Rosa de Cabal. Se ve maquinaría de movimiento de tierra. Pero la imagen generó un entusiasmo limitado por un escepticismo generalizado, porque cuatro años después de anunciada la doble calzada sigue siendo más un cronograma en continuo ajuste que una obra en ejecución.
En mayo de 2022 se convocó la licitación y en agosto siguiente la Gobernación de Risaralda adjudicó el contrato al Consorcio San Félix. El anuncio de 1,24 kilómetros de segunda calzada, con inversión superior a los 9.800 millones de pesos, fue para los santarrosanos la ilusión de una pronta intervención que descongestionaría el principal acceso al municipio, pero el 2022 terminó sin obra visible.
Durante 2023 el discurso cambió, ya no se hablaba de inicio inmediato de construcción, sino de “ajustes de estudios y diseños” y de “avance gestión predial”. El año avanzó entre socializaciones y anuncios administrativos, pero sin un cronograma actualizado que estableciera fechas concretas de inicio y entrega.
Para 2024, la percepción ciudadana se endureció. La pregunta ya no era “¿cuándo empieza?”, sino “¿qué pasó?”. Se conoció que el proyecto seguía en etapa de gestión predial y de permisos ambientales, pero el avance físico seguía siendo inexistente.
El argumento institucional insistía en la complejidad predial. El ciudadano promedio veía, simplemente, que dos años después de la adjudicación no había doble calzada.
Al llegar a 2025, el proyecto acumulaba ya tres años desde su adjudicación, sin obras visibles. En el debate público comenzaron a aparecer expresiones más duras: “obra congelada”, “promesa incumplida”, “ilusión sin fecha”.
Cada aplazamiento —2022 sin inicio, 2023 en rediseños, 2024 en gestión predial extendida— fue debilitando la credibilidad institucional y la ciudadanía empezó a cuestionar, y sigue cuestionando, la lentitud del proyecto.
La doble calzada de acceso a Santa Rosa no es una obra menor, es la puerta de entrada a un municipio turístico, productivo y estratégico del Eje Cafetero, que impacta, además, del flujo vial, la competitividad regional y la seguridad vial.
En proyectos públicos, el tiempo también es un costo. Cada año adicional implica ajustes presupuestales, riesgos de sobrecostos y desgaste político.
Hoy la comunidad no discute la necesidad técnica de la obra, la respalda. Lo que cuestiona es la falta de fechas ciertas.
Aunque la ejecución contractual fue liderada por la Gobernación de Risaralda el proyecto fue anunciado dentro del paquete de inversiones apoyadas por INVÍAS y el Gobierno Nacional, por ello cabe preguntar a las entidades públicas involucradas: ¿Sigue siendo esta obra una prioridad estratégica? ¿Qué acciones correctivas han solicitado frente a los aplazamientos? ¿Existe un nuevo cronograma oficial avalado por la Nación? La comunidad santarrosana debe estar pendiente de las respuestas.
