La posibilidad de que el Gobierno convierta a Nueva EPS en una entidad plenamente pública volvió al centro del debate, pero esta vez atravesada por un problema mayor: el estrecho margen fiscal del Estado. La administración de Gustavo Petro evalúa absorber la totalidad de los pasivos de la aseguradora —que superan los $21 billones— en un escenario de déficit elevado, mayores necesidades de endeudamiento y presión creciente por fallas en la prestación de servicios.
El tema tomó fuerza luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmara en un evento del sector que el Estado ya tendría la mayoría accionaria (51%) y que la intención del Ejecutivo es avanzar hacia una estatización total. En esa misma intervención, Jaramillo anticipó que el plan para ponerse al día con las obligaciones incluiría “nuevos recursos”, incluso “nuevos préstamos”, con prioridad en el pago a hospitales, especialmente públicos.
La cifra del pasivo se volvió el principal punto de choque. La AFIDRO, citando datos de la Contraloría General de la República, sostiene que la deuda de la Nueva EPS creció 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones, mientras el patrimonio habría pasado de positivo a negativo (cerca de -$6,25 billones).
El giro hacia una eventual asunción estatal choca con el panorama macro: medios económicos han señalado que Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal cercano a -7,5% del PIB en un ranking citado de The Economist, lo que limita el espacio para cargar nuevas obligaciones sin incrementar deuda. En paralelo, también se ha reportado que la deuda bruta del Gobierno se ubicó en torno a $1.192,6 billones al cierre de 2025 (alrededor de 64,7% del PIB).
En el terreno operativo, el deterioro financiero se refleja en la experiencia de los usuarios y la red hospitalaria. La Defensoría del Pueblo informó que las quejas contra Nueva EPS subieron 107% en 2025, hasta 14.603 registros, con reportes centrados en barreras de acceso a servicios y medicamentos. Al mismo tiempo, gremios y prestadores han advertido sobre embargos y tensiones de caja por cuentas pendientes.
La discusión ocurre, además, bajo el lente de la intervención estatal. La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de Nueva EPS en abril de 2024 mediante resolución formal y desde entonces mantiene medidas de supervisión intensiva sobre su operación.
Con el Congreso a una semana y la presidencial en mayo, el Gobierno insiste en que el problema es estructural y que avanzar hacia un modelo con mayor control público es parte de la solución. Sus críticos, en cambio, advierten que estatizar y “sanear” la EPS en plena estrechez fiscal puede trasladar el riesgo financiero al presupuesto nacional sin resolver de inmediato el cuello de botella de pagos y servicios. Por ahora, el punto decisivo es si el Estado puede conseguir financiamiento para asumir pasivos de esa magnitud sin agravar el desequilibrio fiscal, mientras se define un plan verificable de estabilización para los más de 11 millones de afiliados.
