La defensa de Santiago Uribe Vélez radicó una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia para buscar que se revierta la condena a 28 años de prisión dictada por el Tribunal Superior de Antioquia en el caso conocido como “Los 12 Apóstoles”. El recurso, según reveló Semana, se apoya en tres ejes: presuntas vulneraciones al debido proceso, cuestionamientos a la valoración de la prueba y la controversia por la calificación del caso como delitos de lesa humanidad.
La condena, emitida en segunda instancia tras revocar una absolución previa, encontró responsable a Uribe Vélez por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, vinculándolo con la estructura armada ilegal que operó en Yarumal (Antioquia) en los años noventa, y con el asesinato de Juan Camilo (o Camilo) Barrientos, uno de los hechos eje del expediente.
En su impugnación, el equipo liderado por el abogado Jaime Granados sostiene que el proceso estuvo “altamente politizado” y que hubo un ambiente de presión externa y animadversión contra la familia de Álvaro Uribe Vélez, lo cual —según su tesis— afectó la presunción de inocencia y la imparcialidad.
Otro frente del recurso apunta a la credibilidad de los testigos principales. La defensa cuestiona inconsistencias en los relatos, la existencia de posibles móviles personales o políticos y la falta de corroboración externa suficiente para sostener una condena de esa magnitud, especialmente alrededor de versiones atribuidas a exintegrantes o testigos del caso.
Finalmente, el documento controvierte la aplicación de la categoría de lesa humanidad. Según la defensa, los hechos juzgados no cumplirían los estándares del derecho internacional (por ejemplo, el requisito de ataque sistemático o generalizado contra población civil con los elementos exigidos para esa calificación), por lo que —argumenta— no debería usarse esa figura para extender alcances jurídicos del caso, incluida la discusión sobre prescripción.
La decisión ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá revisar si las alegadas fallas procesales y la discusión sobre suficiencia probatoria ameritan anular, modificar o confirmar la condena, en un expediente que ha tenido impactos judiciales y políticos sostenidos en el debate público nacional.
