Un juez de la República admitió para estudio la acción de tutela presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, junto al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, contra el decreto expedido por el Gobierno nacional que declaró el estado de emergencia económica y social en Colombia. No obstante, el despacho judicial negó la solicitud de suspensión provisional del decreto, por lo que la medida del Ejecutivo continúa vigente mientras avanza el proceso.
Según la decisión judicial, el juez avocó conocimiento de la tutela interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por la presunta vulneración de derechos fundamentales de los accionantes. Asimismo, ordenó vincular al proceso a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, con el fin de garantizar un adecuado desarrollo del trámite y evitar eventuales nulidades.
Las entidades demandadas y vinculadas deberán pronunciarse sobre los hechos y fundamentos jurídicos expuestos en la tutela, presentando la información y excepciones correspondientes en un plazo improrrogable de 24 horas, contadas a partir de la notificación. El juez advirtió que, de no hacerlo dentro del término establecido, los hechos podrían tenerse por ciertos, lo que permitiría una decisión de fondo salvo que se requieran pruebas adicionales.
De igual forma, el despacho solicitó a las entidades accionadas remitir copias de los trámites adelantados para atender las solicitudes de los demandantes y garantizar sus derechos fundamentales, documentos que serán incorporados al expediente.
Pese a la admisión de la tutela, el juez negó la medida provisional solicitada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo para suspender los efectos del decreto de emergencia. En el documento judicial se lee: “Negar a Paloma Valencia Laserna y Gabriel Vallejo Chujfi la medida provisional solicitada, todo de conformidad con la parte motiva de esta decisión”.
Mientras el estudio de la tutela avanza, el decreto presidencial seguirá en vigor y las entidades involucradas deberán sustentar jurídicamente sus actuaciones ante el juez del caso.
Congreso reanuda actividades para ejercer control político
En paralelo al trámite judicial, el Congreso de la República interrumpió el receso legislativo para adelantar un debate de control político sobre los decretos de emergencia económica expedidos por el Gobierno, en el marco de la declaratoria para enfrentar el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026.
Durante la instalación de las sesiones extraordinarias, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, aseguró que con estas medidas “se están vulnerando principios democráticos y desconociendo la decisión de una rama independiente del poder público”. El debate fue impulsado por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cuya proposición recibió respaldo unánime de congresistas de distintas colectividades.
Motoa manifestó la necesidad de examinar tanto el decreto de emergencia como el empréstito cercano a los 23 billones de pesos acordado por el Gobierno, y cuestionó el uso reiterado de mecanismos excepcionales cuando las iniciativas del Ejecutivo no logran avanzar en el Legislativo.
A su turno, el senador Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, afirmó que “no están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente”, al considerar que el déficit presupuestal era previsible tras el fracaso de las reformas tributarias. Cepeda criticó el aumento del gasto público y sostuvo que el faltante podría cubrirse con recortes en otras partidas, calificando la declaratoria de emergencia como innecesaria.
El Senado citó a varios ministros del Gobierno para que expliquen ante el país los fundamentos constitucionales y legales que sustentan la declaratoria del estado de emergencia económica y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
