El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, cumplirá su condena de 12 años de prisión domiciliaria en una finca de lujo ubicada en el municipio de Rionegro, en el noroeste del país. El terreno, que cuenta con un lago artificial, caballerizas para caballos de paso fino y amplios espacios de recreación, será el escenario donde el líder del Centro Democrático deberá purgar la pena por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, marca un hito histórico al convertir a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado judicialmente en primera instancia. Esta medida llega después de un proceso legal que ha atraído la atención nacional e internacional.
La finca, situada en Llanogrande, una zona cercana al Aeropuerto José María Córdova, en el área metropolitana de Medellín, es un lugar frecuentemente visitado por el expresidente y su esposa, Lina Moreno, desde que Uribe dejó la Casa de Nariño en 2010. A pesar de su condena, Uribe sigue teniendo acceso a su círculo de seguridad habitual, que lo acompaña en cada uno de sus movimientos.
El municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de Medellín, es una zona conocida por su tranquilidad y cercanía a la ciudad donde Uribe ha mantenido su mayor caudal electoral. La finca está equipada con modernos servicios y equipos de comunicación, los cuales han permitido al exmandatario seguir de cerca las audiencias de su juicio desde la comodidad de su estudio.
En este lugar, Uribe también ha recibido a varias personalidades políticas, como el sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y figuras del deporte como los futbolistas Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma.
La condena de Uribe, además de la prisión domiciliaria, incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos (unos 822.000 dólares) y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la defensa del exmandatario ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia, que será revisada el 13 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá.
A pesar de esta situación legal, Uribe mantiene su influencia en la política colombiana, y su caso sigue siendo un tema de debate en el país.
