El panorama político colombiano se encuentra nuevamente sacudido por revelaciones que apuntan a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En el centro de la polémica está Armando Benedetti, exembajador ante la FAO y actual asesor presidencial, quien deberá comparecer el próximo lunes 27 de enero ante la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La diligencia busca obtener su versión sobre los manejos financieros de la campaña, con especial énfasis en la región Caribe, donde se habrían movilizado recursos bajo sospecha. Esta citación llega después de que Benedetti no asistiera a una convocatoria previa el 28 de octubre de 2024, lo que generó dudas sobre su disposición a colaborar con las autoridades.
Uno de los elementos más polémicos en este caso son los audios filtrados en junio de 2023 por la revista Semana. En ellos, Benedetti sostiene una conversación con Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro, donde asegura haber gestionado 15.000 millones de pesos (alrededor de 3.7 millones de dólares) en la región Caribe para la campaña presidencial.
En los audios, Benedetti no solo expresa su descontento por no haber recibido un cargo en Bogotá, sino que también lanza amenazas directas: “Nos hundimos todos, nos vamos presos”, dice en una de las grabaciones, sugiriendo la existencia de información comprometedora que aún no ha salido a la luz. Estas declaraciones han intensificado la atención mediática y la presión sobre la Fiscalía para esclarecer los hechos.
El caso no solo involucra a Benedetti, sino también a otros actores clave, como el exgerente de campaña Ricardo Roa y los auditores responsables de supervisar los recursos utilizados. Además, la investigación abarca a los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana, que respaldaron la candidatura de Petro, así como a empresarios y colaboradores cercanos.
Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de Ingenial Media, y el empresario catalán Xavier Vendrell ya han comparecido ante la Fiscalía para responder preguntas sobre su conocimiento y participación en los movimientos financieros de la campaña.
La gravedad del caso ha llevado a que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también avance en una investigación paralela. El próximo martes 28 de enero, esta entidad realizará una inspección en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revisar el expediente a cargo de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada.
El objetivo es esclarecer si durante la campaña de 2022 se violaron los topes de financiación establecidos por la ley y si se incurrió en irregularidades que podrían derivar en consecuencias legales para los involucrados, incluyendo al presidente Petro.
Las investigaciones han abierto un debate nacional sobre la transparencia en los procesos electorales y el manejo de recursos en las campañas políticas. Según expertos consultados, este caso podría marcar un antes y un después en la política colombiana, dependiendo de los hallazgos de la Fiscalía y el CNE.
Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la comparecencia de Armando Benedetti, quien podría convertirse en una pieza clave para desentrañar este complejo rompecabezas político y financiero. Lo que está en juego no solo es la credibilidad de una campaña presidencial, sino también la confianza en las instituciones democráticas del país.
