En un movimiento que ha sacudido el panorama político nacional, el presidente Gustavo Petro anunció este miercoles que firmó un decreto para convocar una consulta popular, desatando una tormenta política en medio del debate sobre la reforma laboral en el Senado.
Durante una intervención sorpresiva desde la Casa de Nariño, el mandatario confirmó que el decreto ya fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión, lo que representa un desafío directo a la decisión del Congreso, que semanas atrás rechazó la iniciativa de consulta popular propuesta por el Ejecutivo.
“El pueblo tiene la última palabra. Si el Congreso insiste en bloquear las reformas que Colombia necesita, será la ciudadanía quien decida”, afirmó Petro, visiblemente enfático.
La declaración fue interpretada por sectores de la oposición como un chantaje político al Congreso, al condicionar la convocatoria de la consulta a la no aprobación de la reforma laboral bajo los términos actuales. Varios legisladores consideraron que el presidente estaría ejerciendo presión indebida sobre el legislativo y tensionando el equilibrio de poderes.
¿Qué significa esta consulta popular?
Aunque no se han revelado aún los detalles precisos de las preguntas que incluiría la consulta, se especula que estarían relacionadas con las principales reformas sociales impulsadas por el Gobierno: salud, pensiones, laboral y el modelo económico. La decisión de convocarla por decreto abre un debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede asumir esta atribución sin el aval parlamentario.
Reacciones inmediatas
Desde la oposición, voces como la del senador Miguel Uribe (Centro Democrático) señalaron que se trata de un “acto autoritario que pone en riesgo la democracia”. Por su parte, sectores del Pacto Histórico y movimientos sociales afines celebraron la decisión, argumentando que “el pueblo debe ser quien decida frente al bloqueo sistemático del Congreso”.
El presidente del Senado, Iván Name, convocó a una reunión extraordinaria de la mesa directiva para evaluar la situación:
“La democracia se construye con respeto a la institucionalidad, y cualquier intento de eludirla será evaluado con responsabilidad”, afirmó.
La Corte Constitucional, clave en el desenlace
Ahora la Corte tendrá que pronunciarse sobre la viabilidad jurídica del decreto presidencial. En caso de darle luz verde, el país se encaminaría hacia un nuevo proceso de consulta en los próximos meses, algo que no ocurre desde el referendo del año 2003.
El episodio marca un nuevo pico en la tensión entre el Gobierno y el Congreso, en una coyuntura crítica para el proyecto de transformaciones estructurales que impulsa Petro. La frase “consulta o reforma” empieza a perfilarse como una consigna del Ejecutivo.
En desarrollo…
