El Gobierno nacional dejó en firme la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente. A través de la Resolución 40095 del 29 de enero de 2026, los ministerios de Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas y Energía oficializaron la nueva estructura de ingresos al productor que sustenta el ajuste, vigente desde el 1 de febrero en todo el país.
Aunque la baja ya se venía aplicando en las estaciones de servicio, la firma de la resolución despeja cualquier duda jurídica sobre su alcance y permanencia. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que la reducción fue homogénea en las principales ciudades y que el precio del diésel se mantuvo sin cambios, atendiendo una de las principales preocupaciones del sector transporte.
Las cifras oficiales muestran que en Bogotá el precio de la gasolina pasó de $16.491 en enero a $15.991 en febrero; en Medellín bajó de $16.412 a $15.912, y en Cali de $16.502 a $16.002. En promedio, el ajuste fue exactamente de $500 por galón en las 13 principales ciudades del país.
La Resolución 40095 también deroga la norma anterior, la 40165 del 26 de diciembre de 2025, y define de manera explícita los valores del llamado “ingreso al productor”, uno de los componentes clave en la fórmula de precios de los combustibles. Para la gasolina corriente, este ingreso quedó fijado en $10.348,60 por galón, mientras que para el ACPM (diésel) se estableció en $5.974,76 por galón, ambos aplicables de forma uniforme en todo el territorio nacional.
El Gobierno reiteró que el ingreso al productor no equivale al precio final que pagan los consumidores. Este último incluye impuestos nacionales y locales, costos de transporte, márgenes de distribución y, en algunos casos, ajustes asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Por ello, una modificación en este componente no siempre se traduce de manera proporcional en el valor al público, aunque en este caso sí se reflejó en una disminución directa.
En contraste con la gasolina, el precio del diésel permaneció estable en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, en línea con la decisión oficial de no presionar los costos del transporte de carga y de pasajeros.
Con la expedición de la Resolución 40095, el Ejecutivo cierra el trámite administrativo de una medida que ya estaba en marcha, pero que ahora cuenta con respaldo normativo pleno, en un contexto marcado por la sensibilidad social frente a los precios de los combustibles y su impacto directo en el costo de vida.
