El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, por su determinación de dejar en manos de las altas cortes la definición sobre la consulta popular convocada por decreto presidencial. “No está acatando el decreto. Él (Penagos) es un operador logístico, por así decirlo, no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno. Creo que se está equivocando gravemente en eso”, declaró el ministro ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Benedetti surgen luego de que Penagos anunciara que la Registraduría Nacional no avanzará en la organización de la consulta hasta que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se pronuncien sobre su legalidad. El registrador justificó su decisión con base en las múltiples demandas que han llegado contra el decreto presidencial, entre ellas 44 acciones de nulidad, 97 tutelas y 11 demandas por inconstitucionalidad.
Penagos, quien insistió en que la Registraduría es un ente autónomo y que su equipo jurídico analizó el caso con rigurosidad, subrayó la necesidad de que sean las altas cortes las que definan la viabilidad de la consulta. Además, anunció cuatro medidas para tramitar el asunto: solicitar concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, remitir el decreto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, y pedir formalmente pronunciamiento a las cortes.
La consulta popular fue convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro la semana pasada, luego de que la iniciativa fuera archivada en el Senado el pasado 14 de mayo. Según el Gobierno, esa votación careció de validez, ya que no se habría leído la ponencia antes de someterla a votación, lo que abriría la puerta para su reviviscencia vía decreto.
No obstante, sectores políticos han advertido que esta decisión desconoce la separación de poderes y podría sentar un precedente institucional riesgoso. En ese contexto, la postura de Penagos fue interpretada como un intento de blindaje jurídico ante la controversia, mientras que el Gobierno lo acusa de desobedecer un acto legítimo del Ejecutivo.
La tensión entre la Casa de Nariño y la Registraduría suma un nuevo capítulo a la ya compleja disputa jurídica y política que envuelve esta iniciativa, que de avanzar, llevaría a las urnas una de las principales apuestas del presidente Petro para consultar directamente al pueblo sobre reformas estructurales.
