Un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) encendió las alarmas en el sector turístico digital: según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la norma, tal como está planteada, podría sacar del mapa a plataformas como Airbnb en Colombia a partir del 18 de diciembre, generando un verdadero “apagón digital” en el alojamiento turístico de corta estadía. El proyecto, que modifica las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT), pasaría del esquema actual —declarativo y relativamente ágil— a un sistema de “preverificación administrativa”, en el que la autoridad decidiría quién puede o no operar como prestador turístico. Para la CCIT, esto equivale a crear una “licencia de facto”, con exigencias jurídicas y técnicas que van más allá de lo previsto en la Ley 2068 de 2020.
De registro sencillo a licencia previa
Hoy, el modelo ha permitido que cerca del 95 % de las viviendas turísticas estén formalizadas y registradas. Con el nuevo decreto, ese sistema se transformaría: las cámaras de comercio asumirían la verificación material y documental de requisitos, bajo lineamientos del MinCIT, antes de otorgar o renovar el RNT.
Entre las nuevas cargas que critica la CCIT se incluyen:
Comprobar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal permitan el alojamiento turístico.
Exigir documentación adicional no prevista expresamente en la ley.
Negar el RNT cuando haya errores en formularios, incongruencias en el objeto social o deudas en contribuciones parafiscales.
Para el gremio, se trata de requisitos pensados para grandes operadores, pero difíciles de cumplir para pequeños anfitriones que arriendan uno o dos inmuebles.
Plataformas, convertidas en “inspectores” del Estado
El borrador también traslada nuevas responsabilidades a las plataformas digitales. De aprobarse tal como está, empresas como Airbnb tendrían que:
Verificar cada seis meses la vigencia del RNT de cada anfitrión.
Supervisar que no existan anuncios duplicados.
Garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que todavía no están plenamente implementados.
Según la CCIT, esto convierte a las plataformas en una suerte de inspectores privados, asumiendo tareas que corresponderían al Estado y generando inseguridad jurídica para quienes han invertido en el país.
Un golpe al turismo emprendedor y a las regiones
Las cifras que aporta la CCIT dimensionan el posible impacto: las plataformas de turismo generan más de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico colombiano. Además, por cada 10 dólares que un viajero gasta en alojamiento vía app, se producen 48 dólares adicionales en gastronomía, comercio, entretenimiento y transporte en las comunidades visitadas.
En 2024, los viajeros que usaron viviendas turísticas inyectaron 2,8 billones de pesos a restaurantes y 1,3 billones al transporte, de acuerdo con el análisis gremial.
El gremio insiste en que las plataformas han sido un aliado estratégico para llevar turismo a más de 600 municipios, muchos en zonas rurales y territorios PDET donde no existe infraestructura hotelera tradicional. Limitar su operación, advierte la CCIT, golpearía directamente a:
Familias de clase media que dependen de estos ingresos para pagar o conservar su vivienda.
Mujeres, que representan cerca de la mitad de los anfitriones.
Adultos mayores, que son alrededor del 15 % de quienes ofrecen alojamiento.
El resultado, según el gremio, sería paradójico: al concentrar la oferta en grandes operadores se empujaría a los pequeños hacia la informalidad, reduciendo la trazabilidad y la seguridad que hoy ofrece el ecosistema digital.
Críticas al trámite y llamado al diálogo
La CCIT también cuestionó el procedimiento con el que se ha tramitado el borrador. Asegura que las asociaciones que representan a las plataformas y a los pequeños prestadores no fueron invitadas a las mesas de discusión, mientras sí participaron otros sectores. Además, denuncia que la publicación se hizo sin un análisis de impacto jurídico ni económico suficientemente robusto, como exigen los estándares de técnica normativa en Colombia.
Desde el Gobierno, el MinCIT sostiene que la actualización del decreto busca cerrar vacíos normativos, mejorar la trazabilidad, prevenir fraudes y fortalecer la interoperabilidad entre cámaras de comercio, autoridades locales, DIAN, Migración Colombia y otras entidades. La idea es depurar el registro, evitar prestadores irregulares y garantizar información confiable sobre el sector turístico.
Mientras el documento recibe comentarios hasta el 17 de diciembre, el sector habla de la posibilidad de un apagón digital del turismo desde el día 18 si las plataformas no pueden cumplir las nuevas exigencias. Por eso, la CCIT y otros actores hacen un llamado urgente al Gobierno para abrir espacios de diálogo técnico y ajustar una regulación que, en vez de ordenar el mercado, podría terminar desmantelando uno de los motores de desarrollo que ayudó a atraer casi siete millones de visitantes al país en 2024.
