Los ciudadanos José Rodrigo Toro Montes y Duvalier Sánchez Arango presentaron una Acción Popular ante el Juzgado Administrativo de Pereira. Los demandantes buscan proteger los derechos a la movilidad, transporte seguro, y acceso a servicios públicos, entre otros, que se ven afectados por el decreto 258 de 2024 emitido por el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez.
Controversial Decreto
El decreto, que modifica rutas de transporte público intermunicipal en Dosquebradas, ha generado un amplio descontento entre la ciudadanía. Según los demandantes, la medida se tomó sin la debida planeación, sin estudios de impacto, y sin concertación con los alcaldes del área metropolitana de Pereira, como lo requiere la normativa vigente. El decreto restringe el paso de vehículos intermunicipales por la Avenida Simón Bolívar, lo que obliga a los usuarios a utilizar rutas y paradas que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad vial.
En múltiples ocasiones, los afectados han manifestado mediante los medios de comunicación que la implementación del decreto ha ocasionado graves inconvenientes para los usuarios del transporte público, quienes ahora deben cruzar vías nacionales de alta velocidad sin la adecuada infraestructura peatonal. Esta situación pone en riesgo la vida de los ciudadanos, especialmente de los adultos mayores y personas con discapacidad. Además, muchos usuarios se ven obligados a pagar doble pasaje o recurrir a transportes informales, aumentando así los costos y riesgos de sus desplazamientos diarios.
Dosquebradas
Frente a la inconformidad de los ciudadanos, el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jimpénez, ha defendido la medida argumentando la necesidad de ordenar el tráfico y reducir la accidentalidad y delincuencia en la Avenida Simón Bolívar. Sin embargo, su decisión ha provocado manifestaciones, plantones y bloqueos por parte de los afectados. A pesar de las mesas de diálogo y la mediación del ministerio público, el alcalde ha mantenido firme su posición de no revertir el decreto.
Solicitudes
En su demanda, los ciudadanos Toro Montes y Sánchez Arango solicitan la suspensión provisional del decreto, alegando la violación de derechos fundamentales y colectivos. Además, exigen la derogación definitiva del decreto, la abstención de emitir nuevos decretos sin la debida planeación y la ejecución de obras de infraestructura necesarias para garantizar la seguridad vial.
Entre las pruebas presentadas se incluyen entrevistas y declaraciones del alcalde, respuestas a derechos de petición, y videos de manifestaciones de los usuarios. Asimismo, se ha solicitado la inspección judicial de las nuevas rutas y paradas establecidas para constatar la vulneración de derechos.
Próximos Pasos
El Juzgado Administrativo de Pereira deberá evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada y la viabilidad de las pretensiones de la demanda. Mientras tanto, la comunidad afectada sigue esperando una solución que garantice su seguridad y el acceso adecuado a los servicios esenciales.
