En un nuevo capítulo de la disputa política, el Consejo de Estado habría inadmitido la demanda que buscaba quitarle la investidura al senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático. La acción jurídica fue promovida por dos organizaciones sindicales del Ministerio de Defensa, quienes acusaban al congresista de presuntamente usar su cargo para adelantar actividades proselitistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La demanda alegaba que Uribe Turbay habría incurrido en una indebida utilización de su posición en el Congreso para proyectar su imagen como precandidato presidencial, lo cual —según los denunciantes— violaría las disposiciones sobre el ejercicio parlamentario y la imparcialidad institucional.
Sin embargo, el alto tribunal administrativo no dio curso al proceso al considerar, según fuentes judiciales, que los argumentos presentados no cumplían con los requisitos mínimos para sustentar una pérdida de investidura, una sanción que implica la salida definitiva del Congreso y la inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Con esta decisión preliminar, el senador conserva su curul y continúa perfilándose como uno de los posibles aspirantes del uribismo a la contienda presidencial. Aunque la inadmisión no impide que los denunciantes corrijan o insistan con nuevas pruebas, por ahora el proceso queda archivado.
Uribe Turbay no se ha pronunciado oficialmente, pero sectores afines han interpretado el fallo como un espaldarazo a su labor legislativa y un revés para sus opositores.
