El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en el centro de una controversia tras la adjudicación directa de dos contratos por un total de $22.000 millones a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT), lo que ha suscitado sospechas sobre posibles vínculos políticos y conflictos de interés.
La polémica surge en un momento crítico, ya que el CNE está evaluando una ponencia que podría formular cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación del tope de gastos. Este contexto aumenta la tensión política de cara a las elecciones de 2026.
El origen de estos contratos se remonta a la reciente lucha del CNE por obtener independencia administrativa de la Registraduría, lograda gracias a un presupuesto exclusivo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y varias resoluciones del Ministerio de Hacienda. Hasta mediados de 2023, el CNE no contaba con una asignación propia en el Presupuesto General de la Nación, y sus recursos eran manejados por la Registraduría.
El 1 de diciembre de 2023, el CNE adjudicó de manera directa a ERT un contrato por $11.000 millones para desarrollar una infraestructura tecnológica propia. Diez días después, se firmó otro contrato por $10.999 millones hasta diciembre de 2024, ambos destinados a reducir la dependencia tecnológica del CNE respecto a la Registraduría.
La controversia se ha intensificado debido a las figuras políticas involucradas en estos contratos. Maritza Martínez, presidenta del CNE y exsenadora del Partido de la U, y Alfonso Campo, expresidente del Partido Conservador, están directamente relacionados con ERT. Además, Dilian Francisca Toro, del Partido de la U y cabeza de la Gobernación del Valle, entidad controladora de ERT, ha generado sospechas de posibles irregularidades en la adjudicación de los contratos.
El director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, Gustavo Lozano Ferro, quien trabajó para el Partido de la U en 2010, estructuró los contratos, lo que podría suponer un conflicto de interés. Además, Henry Posada Torres, suplente en la junta de ERT, tiene vínculos familiares con la exgobernadora Clara Luz Roldán, lo que refuerza las sospechas de nepotismo.
ERT ha sido objeto de críticas por su capacidad de gestión y prácticas de subcontratación. En 2021, recibió más de $50.000 millones de la Cámara de Representantes para herramientas tecnológicas, proceso criticado por adjudicación directa. En 2022, la Registraduría otorgó a ERT más de $9.000 millones para apoyar al CNE en elecciones, subcontratando a Turrisystem S.A.S. por solo $4.800 millones, abriendo más cuestionamientos.
En un contrato de $18.000 millones con Emcali en 2021, ERT redistribuyó el monto entre cinco empresas, señalando fallas operativas. Este año, contratos de ERT con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transporte y la Procuraduría suman $65.000 millones, aumentando las críticas.
Figuras políticas, como Fabiola Márquez del Pacto Histórico, también están vinculadas a controversias similares. Márquez contrató a la fallida ministra TIC Mery Janneth Gutiérrez y firmó un contrato con Canal Zoom por más de $11.000 millones, supervisado por el exesposo de Gutiérrez y copropietario de Programar Televisión.
