El coronel retirado de la Policía colombiana Manuel González Henríquez, quien anteriormente había sido director de Protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue enviado a detención domiciliaria por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial de izquierdas Carlos Pizarro Leongómez, perpetrado hace 34 años.
La Fiscalía informó este viernes que González fue vinculado formalmente como presunto responsable “de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.
Según la investigación, el coronel retirado habría modificado de manera imprevista el “esquema de seguridad del dirigente político”, lo que habría “facilitado la ejecución del plan criminal”.
Por esta razón, deberá cumplir una “medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia”.
Carlos Pizarro fue el último jefe de la guerrilla M-19 y firmó la paz con el Gobierno colombiano en 1990. Tras dejar las armas, se convirtió en candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19. Sin embargo, el 26 de abril del mismo año fue asesinado en un avión de Avianca cuando volaba de Bogotá a Barranquilla para hacer campaña electoral. El crimen, perpetrado por un sicario en pleno vuelo, conmocionó al país.
El autor material del crimen, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue abatido en el mismo avión por uno de los escoltas del exjefe guerrillero.
Carlos Pizarro era padre de la senadora María José Pizarro y de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, ambas de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, liderada por el presidente Gustavo Petro.
Cambios en el dispositivo de seguridad
Durante su período como coronel en retiro entre 1989 y 1990, González estuvo a cargo de la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas.
La Fiscalía sostiene que González, aprovechando su posición, habría realizado cambios y rotaciones inesperadas en el personal de seguridad del dirigente político, lo que facilitó la acción del sicario y la ejecución del plan criminal.
En 2010, la Fiscalía calificó el homicidio de Pizarro como un crimen de lesa humanidad, lo que significa que no prescribe.
Un fiscal especializado en derechos humanos concluyó que la muerte de Pizarro fue “parte de un plan ejecutado con conocimiento y de manera sistemática en contra de dirigentes de izquierda” por parte de grupos paramilitares desaparecidos, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En el marco de este proceso, los fallecidos hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las AUC, fueron condenados. Las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006 tras un acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
